La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sea llamado como testigo en el juicio contra los 12 políticos y líderes independentistas catalanes que arrancará en Madrid el próximo 5 de febrero.
La petición viene de ambas partes: de los abogados defensores de los acusados, pero también de la acusación popular que ejerce el partido de ultraderecha Vox. En los escritos de las partes, Rajoy aparece citado en relación a momentos puntuales del procés, como la aplicación del artículo 155 y por sus reuniones con el expresident catalán, Carles Puigdemont, según informa El Español.
Quien no declarará será Carles Puigdemont, huido de la Justicia y residente en Bélgica desde octubre de 2017. La Sala no ha accedido a procesar la petición de que acuda como testigo, pero no por encontrarse fuera del alcance de la Justicia, sino porque le consideran procesado en la causa, lo que impide que a su vez sea testigo. Las mismas razones son las que han llevado a negar la petición de que declare como testigo la exdiputada de ERC, Marta Rovira.
Frente a la facilidad con que se ha accedido a llamar a Rajoy -que declaró en 2017 como testigo en Gürtel tras una odisea judicial-, la Sala ha negado otras peticiones, como la de que declarara el rey Felipe o el jefe de la Casa de Su Majestad, Jaime Alfonsín. O Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, de quien Junqueras quería que explicara su polémico Whatsapp sobre el control popular del CGPJ que afectaba al juez del procés, Manuel Marchena.
También se ha aceptado que declaren el exjefe de los Mossos, Josep Lluis trapero, y cargos de Interior que trabajaron en el intento de frenar el referéndum del 1-O, como el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
También declararán el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, o el actual lehendakari, Íñigo Urkullu, quien intentó mediar entre Puigdemont y el Gobierno español para evitar la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155.
