El pasado 20 de noviembre, en ELPLURAL.COM les informábamos de la coincidencia de dos escritos de los magistrados que llevan en estos momentos los temas mediáticos 'estrella' de la justicia: el juez Ruz, que instruye la causa 'Gürtel-Bárcenas', y el juez Castro, que lleva la investigación del caso Nóos. En sus escritos los dos se quejaban de la lentitud con la que les llegaba respuesta por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a los informes que les pedían.

En concreto, como les decíamos entonces, resultaba llamativa la dureza de la advertencia del juez Pablo Ruz a la policía judicial. "No habiéndose emitido aún el informe de avance interesado, y resultando el mismo imprescindible para la práctica de ulteriores diligencias de investigación", encabezaba su oficio el magistrado, conminaba a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, “a fin de que de forma urgente, y en todo caso, en el improrrogable plazo de TRES días, procen a la presentación del meritado informe de avance” (el subrayado y las capitulares son del original).

Documento de la UDEF enviado al juez Pablo Ruz. Documento de la UDEF enviado al juez Pablo Ruz.



Falta de medios, ambiente de crispación
ELPLURAL.COM ha tenido acceso a la respuesta de la UDEF al juez. Un escrito que viene a ratificar la información que se desprendía de nuestro artículo anterior: la policía judicial reconoce que está atascada, que no da a basto, que no cuenta con los medios precisos. Algo que no favorece, sin duda, el ambiente crispado que se vive en la Unidad, que se siente en el ojo del huracán, 'vigilada' por los superiores y con cambios continuos en su cúpula.

En su oficio, la UDEF reconoce que el juez les ha enviado dos providencias, una en septiembre y otra en octubre, "al objeto de que se presentaran los informes pendientes de emisión" de actuaciones practicadas con anterioridad e "interesando que a la mayor urgencia se informe al juzgado sobre el estado de confección y avance de los distintos informes". Se trata de operaciones, "diligencias de entrada y registro en distintos domicilios de personas físicas y jurídicas", que se realizaron... el 6 de febrero de 2009, casi cinco años antes.

Sólo un informe concluido, muchos en "proceso de elaboración" cuatro años más tarde
En su explicación, casi justificación, el escrito, que aparece firmado por el Comisario jefe de la Brigada de Investigación Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, se reconoce que sólo un informe de los pedidos, el de la documentación de una intervención domiciliaria, está finalizado. Igualmente se apunta que otro informe, el que se deriva de la actuación de la intervención en la "sede central de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ sita en la calle Serrano, 40, 4º iza. de Madrid" esta en "proceso de conclusión".

Pero fuera de estos dos, la UDEF no viene sino a reconocer sus problemas para sacar adelante el trabajo que le pide el juez. Y es que informa de que hay "Informes globales en proceso de elaboración" aún de los registros que se llevaron en cuatro empresas (Consultoría y Gestión de Inversiones, Easy Concept Comunicación, Galher Servicios Administrativos y una Nave industrial de Alcorcón), así como "Informes específicos en proceso de elaboración" de una memoria externa de almacenamiento, intervenida en un domicilio particular y de la Agenda personal y la Memoria externa de almacenamiento intervenidas en el registro de la vivienda de otra persona.