El conflicto provocado en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y UP por su acuerdo con Bildu, sobre la derogación íntegra de la reforma laboral del PP, es una muestra clara de su debilidad, pero puede acabar por convertirse en un punto de inflexión que le fortalezca y le permita continuar al frente de la gobernación de nuestro país. Porque de las crisis y de los errores propios se aprende; si no, el fracaso está garantizado.

Ningún Gobierno de España se ha enfrentado jamás a una crisis tan grande como esta. Una crisis en principio solo sanitaria, inesperada y de origen externo -la primera pandemia global-, pero que tiene ya y tendrá muy graves consecuencias en la economía y, por consiguiente, en la vida del conjunto de nuestra ciudadanía, con especial repercusión en las clases sociales más vulnerables. Incluso en las mejores y más optimistas previsiones, nos esperan al menos tres o cuatro años muy duros y difíciles.

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a este desafío histórico poco menos que en solitario, desde la debilidad congénita de una coalición que no cuenta con la necesaria estabilidad que requiere disponer de los apoyos seguros de una mayoría absoluta, y con una oposición desleal y sin el menor atisbo de responsabilidad de Estado; una oposición en la que la extrema derecha y la derecha extrema se mezclan con un explosivo conglomerado de grupos de toda índole, que van desde las distintas versiones del separatismo catalán hasta otros grupos nacionalistas y regionalistas que abarcan casi todo el espectro político e ideológico.

Visto con la perspectiva que dan los pocos días pasados -en realidad, casi horas-, parece obvio que fue un error el pacto que PSOE y UP formalizaron para que Bildu se abstuviera en la votación de la quinta y por ahora última prórroga del estado de alarma. Error no solo porque la abstención de Bildu era ya innecesaria o prescindible -como lo era ya también la de ERC-, puesto que con los apoyos logrados de Ciudadanos, PNV y otros partidos menores ya estaba garantizada la aprobación de la prórroga. Y fue un error también porque la derogación íntegra de la reforma laboral del PP, aunque es cierto que figura en el acuerdo de coalición entre PSOE y UP, se enfrenta ahora con problemas muy graves para su aplicación práctica, sobre todo a causa de las catastróficas consecuencias que esta nueva grave crisis económica tiene y tendrá en el empleo.

Las irresponsabilidades ajenas, comenzando por las del principal partido de la oposición, pueden provocar los errores del gobierno, pero en ningún caso los justifican. Un gobierno de coalición debe basarse en primer lugar en su propia cohesión interna, que en este caso no ha existido, y a esta básica cohesión interna hay que sumarle una extraordinaria capacidad de diálogo, negociación y pacto con otras fuerzas políticas. Es cierto que se trata de una tarea titánica, en especial en unas circunstancias tan críticas como estas, en las que ni tan siquiera los grupos que votaron la investidura presidencial de Pedro Sánchez parecen dispuestos a garantizarle una mínima estabilidad parlamentaria, al menos hasta que la crisis sanitaria quede atrás. Pero no hay otra solución que enfrentarse a este enorme desafío, fundamentalmente porque ahora no existe en España ninguna alternativa real de gobierno.

Como dice a menudo un buen amigo, es muy fácil opinar sentado en el sofá, pero la realidad es la que es y cuando no nos es favorable debemos intentar cambiarla. Si Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición progresista y de izquierdas consiguen superar con éxito esta tan grave crisis sanitaria, con todas sus consecuencias económicas y sociales, no solo habrán contribuido a evitar un tremendo desastre colectivo sino que habrán demostrado a toda la sociedad española que solo desde una izquierda responsable y sensata se defienden de verdad los intereses colectivos.