La medida estrella de Yolanda Díaz en este curso político, la reducción de la jornada laboral no salió adelante. Una batalla perdida, que no la guerra por unos mejores derechos laborales. En este sentido, sin ánimos de tirar la toalla, la vicepresidenta segunda del Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros por tramitación urgente el nuevo registro de horario laboral.

El Ministerio de Trabajo busca aprobar esta medida por Real Decreto, por lo que precisará que ésta pase por el visto bueno del Congreso de los Diputados y el Senado. Una intención que acontece dos semanas después de que Junts, PP y Vox tumbasen la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, en la que ya venía intrínseca la reforma del registro horario.

De esta manera, lanzando ambas iniciativas por separado, Trabajo considera que es un método “eficaz” para que la Inspección de Trabajo haga un control “masivo” y “cotidiano” a las empresas. Y es que es una medida que se lleva elaborando desde hace tiempo.

Tras el ‘no’ de las derechas en el Congreso el pasado 10 de septiembre, un día más tarde la cartera de Díaz lanzó a consulta pública el proyecto de Real Decreto para su elaboración. Un escenario que, en palabras de la ministra, los empresarios temen aún más que la propia reducción de jornada, puesto que con este nuevo sistema de control horario se pondría fin a las más de 2,6 millones de horas extra sin retribuir.

Tras su previsible aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que Trabajo contempla que la patronal CEOE impugnará la normativa en el ámbito judicial al igual que ha hecho “para impedir reformas que ellos entienden que ponen en peligro algunas de las prerrogativas de los empresarios”, aducen fuentes del Ministerio.

Así, y en consonancia con los sindicatos CCOO y UGT, la reforma es "clave" para atajar el "fraude masivo" de horas extra no pagadas y para la protección de los trabajadores en “su derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud".

Dichas consideraciones, defienden, "han de hacerse, extensivas al derecho a la desconexión, sin cuya garantía se desprotegería igualmente al trabajador respecto de su derecho a no atender ni realizar trabajo fuera de su jornada y, en consecuencia, su derecho a la propia salud". Con ello, pretenden dar solución a las “insuficiencias” del marco vigente.

Acceso a distancia

De la misma manera, la normativa reformulada garantizará la realización directa de los asientos de los trabajadores y su correspondiente identificación de las interrupciones, lo que dará margen para “determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de la identidad".

Aunque se prevé que se dé cuenta de toda la jornada laboral, habrá que especificar si el tiempo de trabajo “es efectivo o de disponibilidad, si las horas son ordinarias o extraordinarias”, lo que dará muestra de si acontecen incumplimientos.

Trabajo reconoce que el reglamento del nuevo registro no incluirá el incremento de las sanciones por incumplimientos en las horas trabajadas que sí contemplaba el proyecto de ley de rebaja de jornada, aunque no renuncia a poder actualizarlas de alguna manera. En concreto, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral contemplaba multas de hasta 10.000 euros por trabajador.  

La reducción de jornada, en el horizonte próximo tras su derrota en el Congreso

La medida de Díaz llevada al Congreso ya se preveía decaer cuando se sometió a votación parlamentaria. El eslabón que quedó en el limbo hasta casi última hora fue Junts, quienes al final se posicionaron del lado del PP y Vox para hacer decaer la propuesta del ala de Sumar del Gobierno central.

“No representan los intereses de los independentistas, sino a la patronal española reaccionaria y a los que se están forrando”, espetó Díaz hacia los postconvergentes. Por su parte, los de Miriam Nogueras en el Congreso defendieron su rechazo por la necesidad de abordar el absentismo laboral, el aumento de productividad o generar riqueza.

Díaz, en su intento de hacer salir adelante su medida estrella, llegó a negociar con la formación de Núñez Feijóo in extremis, pero sin éxito, al argumentar Génova que sin la patronal no darían su apoyo.

Pese a esta derrota, la ministra no se dio por vencida y el horizonte próximo augura una nueva remontada de la normativa: “No vamos a desistir”, ensalzó.

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