El Partido Popular (PP) se encuentra inmerso en una lucha interna por el posicionamiento con respecto a la gestión migratoria. De un lado, la perdida de terreno electoral con respecto a la extrema derecha empuja a muchas voces a endurecer su discurso contra los inmigrantes, proponiendo deportaciones masivas y cargando contra menores. Del otro, la férrea defensa de los intereses empresariales, favorables a aprovechar como mano de obra barata a un colectivo fuertemente condicionado por la precariedad, impide a Génova enarbolar la bandera de la expulsión indiscriminada. Con esta dualidad, Alberto Núñez Feijóo ha hecho malabares este fin de semana.
El máximo responsable del PP ha reunido este domingo, en Murcia, a sus barones autonómicos para emitir una declaración conjunta. Varios son los apartados abordados en las 12 páginas de texto (igualdad, inmigración, transporte, infraestructuras y energía y defensa del sector primario), pero sin duda el que más puntos propositivos recoge es el referido a la población extranjera. “Un visado por puntos”, a modo cartilla de buen comportamiento, y que los españoles “decidan quién entra en nuestro país y en qué condicione”, sin especificar qué se supone que significa eso, han sido las grandes propuestas de Feijóo.
"Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entra", ha espetado el gallego desde el Teatro Circo, y así ha quedado plasmado en lo que han denominado “Declaración de Murcia”. Feijóo apuesta por dar puntos en función de conocimiento cultural, capacidad de integración, trabajo en sectores donde se requiere mayor mano de obra y restarlos en caso de cometer delitos graves. Asimismo, el líder de la oposición también ha defendido que se tenga en cuenta la relación bilateral con el país de origen, aunque la persona migrante no tenga ninguna responsabilidad en esta materia.
"Un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración”, ha defendido Feijóo. Apartando la hojarasca discursiva, el jefe del PP apuesta por entender a las personas como herramientas de trabajo que se desempeñen allí donde los españoles no quieren, por condiciones y salario; seleccionarlas en función de su cultura, dando preferencia a países que comparten idioma, religión mayoritaria y tradiciones; y vigilarlas en todo momento.
"También computará el compromiso de los países de origen", ha proseguido. "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados. Y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden", ha desgranado, depositando sobre las espaldas de aquellos que migran en busca de una vida mejor las decisiones de sus gobiernos, muchos de ellos autoritarios. Si los puntos los va a repartir el propio Feijóo o un jurado definido por él es una duda que ha quedado en el aire.
Análisis de la contribución
Superar los primeros exámenes del Partido Popular tampoco valdrá a los migrantes para vivir con tranquilidad. Igual que el carné de conducir, la estancia de los extranjeros en España también será supervisada. “Contribuir tiene que ser condición para permanecer”, ha presentado el gallego, asegurando la alternativa es que "cualquiera pueda entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”. Una caricatura racista muy rentable electoralmente, pero que dista mucho de la realidad.
“El abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones y de las vías de regularización excepcionales, como el arraigo, junto al colapso del sistema de asilo y la ausencia de sistemas de retorno efectivos, han roto los incentivos a quien quiere cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad”, recoge la declaración del PP. “Se ha disparado la dependencia del sistema”, añaden, apuntando a “altas tasas de desempleo entre extranjeros, precariedad laboral y un uso creciente de las prestaciones sociales, sin que sea necesario demostrar una aportación previa al sistema”.
Más allá de que la precariedad laboral y la dificultad de encontrar trabajo cualificado sea responsabilidad, en gran medida, del racismo empresarial; lo cierto es que los datos, no presentado por Feijóo, son falsos. La población migrante es la responsable de una cuarta parte del crecimiento del PIB que está disfrutando España y aportan diez veces más a la Seguridad Social de lo que perciben de esta. Datos económicos que no debería ser utilizados para clasificar a personas, pero dado que la extrema derecha neoliberal gusta de tratar como cifras o mera fuerza de trabajo a los migrantes, sus representantes podrían informarse con anterioridad en los organismos estadísticos nacionales e internacionales.
