El caso de Maricarmen Abascal, la vecina madrileña de 87 años que afronta un nuevo intento de desahucio de la vivienda en la que ha residido durante más de siete décadas, ha irrumpido de lleno en el debate político nacional.

La situación de la octogenaria, convertida en uno de los símbolos más visibles de la crisis habitacional en España, protagonizó este martes un intenso enfrentamiento parlamentario en el Congreso de los Diputados, donde el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió públicamente su causa y acusó al Partido Popular y a Vox de alinearse con “los poderosos” frente a las personas vulnerables. "Conviene que sepa la gente que ustedes están con los tecno-oligarcas y quienes pisotean el derecho internacional. Ustedes con los especuladores desalmados y nosotros con Maricarmen", ha espetado.

Durante su intervención, el ministro situó el caso de Maricarmen como ejemplo de las tensiones existentes entre el derecho constitucional a una vivienda digna y las dinámicas especulativas que, según el Ejecutivo, están contribuyendo al encarecimiento del mercado residencial en las grandes ciudades españolas. El enfrentamiento verbal elevó una situación individual al plano de la confrontación política sobre el modelo de vivienda que debe prevalecer en España. “PP y Vox son una unidad de destino en lo universal”, ha rematado Bolaños.

La ministra de Vivienda y Argenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha culpado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "del desahucio de Maricarmen" y dice que el Gobierno "ha contactado" con la entidad propietaria de la vivienda para "hacerles entender" la problemática de la situación. "Hemos hecho mucho (...) Hoy es un día muy triste, un día muy dramático donde se evidencia las consecuencias de no querer regular el mercado", ha reprochado.

Un caso convertido en símbolo nacional

Maricarmen Abascal reside desde 1956 en un inmueble ubicado en el distrito madrileño de Retiro. La mujer, que presenta problemas de movilidad y utiliza silla de ruedas, se enfrenta a un procedimiento de desalojo derivado de la finalización de las condiciones jurídicas que amparaban su contrato de alquiler histórico. Tras diversos cambios de titularidad del edificio, la propiedad reclama una renta muy superior a la que venía abonando, una cuantía inasumible para una pensionista cuyos ingresos no permiten afrontar el nuevo coste exigido.

La controversia ha generado una notable movilización social durante los últimos meses. Colectivos vecinales, organizaciones por el derecho a la vivienda, representantes culturales y numerosos ciudadanos han mostrado su apoyo a la afectada, cuya situación ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un referente de las dificultades de acceso y permanencia en la vivienda que sufren miles de personas mayores en España.

La vivienda, eje de confrontación

El episodio refleja la creciente centralidad que la cuestión habitacional ha adquirido en la agenda política española. El aumento sostenido de los precios del alquiler en numerosas ciudades, la expansión de grandes operadores inmobiliarios y las dificultades de acceso para jóvenes, familias y pensionistas han convertido la vivienda en uno de los principales asuntos de preocupación social.

En este contexto, el Gobierno ha intensificado su discurso contra lo que denomina prácticas especulativas en el mercado inmobiliario, mientras las organizaciones sociales reclaman una mayor intervención pública para proteger a colectivos vulnerables frente a procesos de expulsión residencial. La propia situación de Maricarmen ha sido citada por activistas y plataformas ciudadanas como ejemplo de las consecuencias que pueden derivarse de determinados movimientos corporativos en el mercado del alquiler. 

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