La polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez da sus últimos coletazos. Después de que el instructor enviara a juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno este lunes, la Justicia aún tiene pendiente tomar una decisión definitiva sobre uno de los muchos episodios protagonizados por él en los últimos dos años.
Se trata de la denuncia del ministro Félix Bolaños contra Peinado por el interrogatorio que le hizo en La Moncloa en junio del año pasado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este martes para decidir si da carpetazo definitivo a las quejas del titular de Justicia. Bolaños presentó un recurso de alzada contra la decisión de archivarlas por parte de la Comisión Permanente del máximo órgano judicial, que ahora tendrá que decidir si lo acepta o las desestima del todo.
Las quejas del ministro abrieron diligencias que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ propuso archivar. En julio, cinco vocales de la Comisión Permanente -cuatro conservadores y el elegido a propuesta de Sumar- aceptaron esa propuesta de archivo. El encargado de la ponencia, este martes, sobre la decisión final será el vocal conservador Carlos Orga, y se espera que se desestime el recurso del ministro.
El escrito del CGPJ que defiende a Peinado
El argumento principal de la propuesta que analizan este martes los jueces, la que propone rechazar el recurso, es que el CGPJ no puede analizar la queja disciplinaria de Bolaños, ya que los hechos que denuncia forman parte de la función jurisdiccional, según publica Eldiario.es. La resolución también niega que Peinado actuara con desconsideración ni abusara de su autoridad durante el interrogatorio en el que le llegó a amenazar al ministro con imputarle. De hecho, Peinado llegó a pedir al Tribunal Supremo que investigara al ministro.
También considera que el CGPJ solo puede actuar bajo petición del tribunal superior al juzgado del magistrado, que en este caso sería la Audiencia Provincial de Madrid. Esta instancia, que sí ha corregido a Peinado en multitud de ocasiones durante la instrucción, no denunció el interrogatorio a Bolaños. Tampoco el intento del juez de imputarle, que fue desestimado por el Tribunal Supremo porque no había “el más mínimo respaldo indiciario”.
Ese argumento, que defiende la propuesta de dar carpetazo a la denuncia del ministro, explica que la denuncia de la Audiencia -u otra instancia superior- les permite actuar cuando en una resolución judicial se emplean “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”. En este caso, al no haberse producido esa denuncia, no pueden aplicar la ley del Poder Judicial. El propio Bolaños ha dicho en su recurso que no confía en que el CGPJ se corrija a sí mismo, y que cuando se tome la decisión acudirá al Supremo.
¿Qué defiende Bolaños?
El ministro de Justicia eleva su choque con el Poder Judicial, al que recuerda que debió hacer “el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”. Peinado es uno de los asuntos que más dividen al Ejecutivo de los jueces por su polémica instrucción. Bolaños criticó la decisión de estos de archivar sus quejas, alegando que actuaron “bien por conservadurismo, bien por corporativismo”.
También señaló que la decisión se tomó el pasado 5 de agosto, un año y dos meses después de que presentara su primera queja. El interrogatorio se produjo en junio de 2025, y la grabación permite comprobar cómo Peinado amenazó a Bolaños en todo momento con cambiar su condición de testigo a la de investigado, cómo le reprochó incluso formas discursivas como “creo qué”, o cómo le acusó de entorpecer la investigación -que es un delito, al ser testigo- al contestar con “evasivas”.
“No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le llegó a decir. Bolaños denunció la “actitud intimidatoria” de Peinado. En ese escrito contó que el juez llegó a pedir una tarima para interrogarle desde una posición superior. En su recurso, reprocha también a los jueces la tardanza en comunicar el archivo, a pesar de tratarse de “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. El CGPJ rechazó que los 427 días que pasaron desde que Bolaños denunció hasta que se archivó su queja, fueran demasiados.
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