El desahucio de Maricarmen abre viejas heridas en Moncloa: "Hay que dejar de hacer el panoli"

El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, se ha convertido en uno de los casos de esta índole más mediáticos y con mayor seguimiento social que se recuerdan. La anciana fue desalojada este miércoles 23 de septiembre del piso en Sainz de Baranda en el que llevaba viviendo como inquilina durante 71 años, en lo que fue el cuarto y último intento de desahucio contra ella. Un suceso que estuvo protagonizado por la brutalidad policial, por dejar unas imágenes sobrecogedoras del proceso de ejecución inmobiliaria de Maricarmen y por volver a poner el foco en quién es responsable, a todas las escalas, de lo que ha ocurrido, tanto en este caso particular como en el hecho de que se produjesen 24.540 desahucios en España (datos del CGPJ) el año pasado y se vaya camino de los 15.000 este año. Y lo cierto es que todos los cuellos se giran hacia las administraciones a todos los niveles, con especial foco en la coalición de Gobierno, que ya ha pasado a los rifirrafes dialécticos con esta crisis como escenario.

Los precedentes a atender con este asunto se remontan a 2020, cuando en el marco de la pandemia y bajo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se puso en marcha una moratoria antidesahucios, una medida que suspendía por Real Decreto todos los procedimientos de desahucio en España para familias vulnerables sin alternativa habitacional. No obstante, la medida siempre tuvo carácter temporal, no permanente, y se fue prorrogando en sucesivos decretos leyes a lo largo de los años en el marco del conocido como 'escudo social'.  Sin embargo, la historia cambió a principios de este año y se topó con el rechazo de PP, Vox y Junts en el Congreso, formaciones que en número de escaños aglutinan mayoría absoluta.

Más allá del debate sobre si esta medida debería haber sido permanente, existe otra realidad de fondo: el mercado inmobiliario se encuentra en unos puntos de tensión casi sin precedentes, con los precios de compra y de alquiler en máximos históricos ante la falta de regulaciones efectivas. Existe la Ley de Vivienda, pero su aplicación es de carácter autonómico y tampoco supone destensión alguna a este respecto. Que el precio del alquiler alcance puntos en los que se destina la totalidad del sueldo o de la pensión para afrontarlo deja a cada vez más personas en situación vulnerable y, por qué no decirlo, susceptible al desahucio.

Roces entre socios

Volviendo al presente y en lo que respecta al Gobierno y a sus socios, Sumar ha elevado considerablemente la presión sobre el PSOE en este asunto durante los últimos meses. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó que el Consejo de Ministros apruebe de nuevo el decreto de vivienda y sostuvo que, de haber estado vigente, habría evitado el desahucio de Maricarmen, al contar entre sus páginas con un escudo antidesahucios. Otros miembros magentas también han sido muy críticos con el ala socialista del Ejecutivo por considerar insuficiente la respuesta ante la especulación inmobiliaria: la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, por ejemplo, reprochó públicamente al PSOE haberse abstenido ante una iniciativa para limitar las compras especulativas de viviendas por fondos. Aquella votación fue el colmo para muchos votantes de izquierdas, que corrían a las redes sociales para preguntarse por qué los socialistas habían votado en contra de una medida que iba a ser cancelada igualmente por la oposición y ante la que el PSOE podría haber quedado bien con su electorado al votar a favor. La explicación que dieron los de Sánchez fue que el texto estaba mal redactado.

Paralelamente, este mismo viernes, tras el desahucio de Maricarmen, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, cargaba directamente contra su colega de Transportes, Óscar Puente, y le abogaba directamente a que "dejase de hacer el panoli en redes sociales", refiriéndose a los múltiples tuits que ha publicado el socialista durante la semana. Estas palabras, más allá de la crítica directa a Puente, también tienen un objetivo claro: meter prisa de nuevo al ala socialista para volver a desplegar el decreto de vivienda.

Estos choques abren la misma pregunta de siempre. ¿Hasta dónde puede el PSOE no intervenir en materia de vivienda y que los socios no le retiren el apoyo? Sin tener la respuesta a esta incógnita, lo cierto es que la pasividad ya es muy difícil de justificar en lo que a mercado inmobiliario y vulnerabilidad habitacional respecta.

El caso concreto de Maricarmen

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua y pagaba alrededor de 500 euros mensuales, y la propiedad, el fondo Urbagestión, pretendía establecer una renta de 2.650 euros al mes, más del quíntuple de lo que pagaba la anciana. Los contratos de renta antigua son aquellos arrendamientos de vivienda que se firmaron con anterioridad al 9 de mayo de 1985 (el de Maricarmen se firmó en 1956), y su principal característica es la prórroga forzosa, que obligaba al propietario a mantener el contrato y el precio originales para proporcionar estabilidad al inquilino.

La historia de estos contratos se diferencia en varias fases. El decreto Boyer, publicado en 1985, eliminaba la prórroga forzosa para los contratos nuevos, pero mantenía el derecho sobre los antiguos. Más tarde, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 introdujo límites a su duración cuando fallece el titular, y es ahí donde entra la siguiente clave.

El cónyuge del titular puede subrogarse sin un plazo determinado, pero si lo hace un hijo, la duración quedaba limitada a dos años, con una única excepción: aquellas personas que tengan una discapacidad igual o superior al 65%. El titular del contrato era el padre de Maricarmen, que firmó el alquiler en 1956. Tras su muerte se subrogó su madre y, cuando esta falleció en 2005, ella pasó a ocupar su lugar en el contrato. Tiene reconocida una discapacidad del 50%, por lo que no se aplicaría la exención.

El Tribunal Supremo le dio la razón a la propiedad y se puso en marcha el protocolo de desahucio, pero ese no es el fondo del asunto. Es solo un punto de partida para plantearse cómo y bajo qué criterios se confecciona la legislación, y si seguir haciéndolo desde la preservación de los intereses del capital y dejando en situación vulnerable a personas que no tienen capacidad ni posibilidad de poner al día su situación es lo correcto.