La ofensiva de la derecha judicial contra el Gobierno ha entrado en una nueva fase. Lo que en apariencia eran discrepancias técnicas sobre reformas legislativas se ha convertido ya en un discurso organizado de confrontación política, cargado de advertencias y amenazas veladas hacia el Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo vivió en sus propias carnes a lo largo de estos meses de octubre y de noviembre, en pleno tour por los foros más influyentes de las asociaciones judiciales conservadoras: el Foro Judicial Independiente, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y, finalmente, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que celebraba este pasad viernes en Murcia el cierre de su XXXVII Congreso.

Este último de los encuentros fue el más revelador. Bajo el lema Justicia independiente, garantía de democracia, la APM convirtió lo que debía ser un espacio de debate institucional en un duro acto de oposición política al Gobierno. Bolaños acudía con su mensaje habitual - “vengo a ser escuchado” - como ya había hecho frente a las otras dos asociaciones, pero esta vez se encontró con un clima mucho más hostil de lo esperado: un auditorio predispuesto al choque y una dirección decidida a escenificar su pulso al Ejecutivo tras sus críticas a la Sala Segunda del Supremo por la condena al fiscal general – aún se desconoce su sentencia -.

Precisamente, desde primera fila, lo observaban voces de peso de la judicatura y del Alto Tribunal, como su vicepresidente segundo, Dimitry Berberoff, entre otras personalidades. Un tablero medido para reforzar el mensaje que la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, estaba apunto de verbalizar y que pretendía marcar delimitar la acción del Ejecutivo frente a un sector judicial que sincroniza su narrativa con la que emana de la sala de máquinas de la Puerta del Sol.

Amenazas a Moncloa

Del Barco abrió su intervención con un reproche directo al ministro por “no escuchar” ni atender a sus demandas”. Desde ahí, la escalada retórica fue notoria. Acusó al Ejecutivo de intromisión, denunció una supuesta polarización acuñada por la fábrica socialista y llegó a construir un escenario casi de insubordinación institucional: “Aunque publiques en el BOE que es de noche, saldremos a la calle y veremos que el sol brilla”, proclamó entre aplausos de los asistentes. Más que una crítica técnica, enviaron la advertencia de que un sector de la judicatura se coloca como contrapoder político al Gobierno. Explícitamente, además.

El remate llegó con su frase final: “Para atentar contra nuestra independencia, nos vas a tener de frente”. Una declaración que no desentonaría en un mitin de la derecha y que encaja con el tono que lleva semanas instalándose en determinados medios conservadores que colocan la diana sobre el Gobierno tras hacer públicas sus discrepancias sobre la condena del Supremo al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Campaña que se intensifica después de los titulares que señalan los vínculos de algunos magistrados de la Sala con la defensa (el Colegio de Abogados de Madrid). Un fallo muy cuestionado por juristas de corte progresista, que señalan su débil construcción jurídica y su evidente orientación política.

Actitud diplomática, pese a todo

Pese al ambiente adverso, Bolaños mantuvo el tono sosegado que le caracteriza. Recibió el golpe dialéctico con elegancia y respondió apelando al diálogo: “Efectivamente, como decía Chus, no puede evitar que te caiga bien”, comentó al recoger el guante de Del Barco. Instó a las asociaciones a rebajar la obcecación y abrir espacios de consenso. Pero también fue claro en su defensa de las reformas: España lleva décadas sin modernizar su sistema judicial, lo que ha cronificado problemas estructurales que afectan directamente a la ciudadanía.

El ministro recordó un dato que desmonta el principal argumento de las asociaciones conservadoras: los jueces españoles se puntúan a sí mismos con un 9,2 sobre 10 en independencia en la última encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Un indicador que contradice frontalmente la idea de que las reformas del Gobierno amenazan la separación de poderes. “Ningún organismo internacional considera que la independencia judicial esté en peligro”, insistió, frente al relato agitativo de ciertos sectores mediáticos y políticos.

Tras este punto, Bolaños pasó a reivindicar algunas de las reformas que el Gobierno ha impulsado pese al bloqueo del PP, como la Ley de Eficiencia Organizativa y el proyecto de reforma del proceso penal, que moderniza una legislación con más de 140 años de antigüedad. También recordó el papel crucial que la propia APM jugó en el acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, un gesto que ahora la dirección de la asociación prefiere borrar de la memoria colectiva.

Sin embargo, el congreso de la APM dejó claro que la batalla va mucho más allá del debate técnico. La derecha mediática ha abrazado el discurso de guerra cultural que emana de estos foros judiciales, amplificando cada intervención inflamatoria de Del Barco y cada resolución polémica de la Sala afín a Ayuso. La estrategia es evidente: construir un clima de resistencia institucional contra el Gobierno y presentar cualquier reforma o avance legislativo como una amenaza existencial.

Y, a tenor de lo visto en Murcia, esa estrategia va a intensificarse. El mensaje de la APM, respaldado por la derecha mediática y alentado por su vertiente política, es inequívoco: “Nos tendrán enfrente”. Una declaración que busca legitimar la confrontación política desde las propias instituciones judiciales, algo inédito en la democracia española reciente y que marca el tono de los meses que vienen.

Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes

Síguenos en Google Discover