El Partido Popular y Vox han protagonizado una nueva polémica, esta vez en la ciudad de Elche. Derecha y extrema derecha le están echando un pulso a la Ley de Memoria Histórica, al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea, al respecto de una cruz de los caídos ubicada en el Paseo de Germanías. El monumento se encuentra en una plaza que está siendo remodelada, y su carácter franquista lo pone en el punto de mira de la memoria democrática y de las instituciones europeas, pero el Ayuntamiento se ha mostrado reacio a su retirada, a pesar de haber recibido advertencias por ello.
El propio alcalde del municipio, Pablo Ruz (PP), ha llegado al extremo de decir que antes de derribar la cruz tienen que derribarlo a él. "El llamamiento a los medios es una pérdida de tiempo. La cruz no se va a mover", ha insistido el primer edil ilicitano. El Ayuntamiento quiere dar por resuelto el asunto a pesar de la controversia y no va a responder a las recomendaciones de la Comisión Europea. A su vez, cabe destacar que las obras para la modificación de la plaza están subvencionadas por Europa, y la no retirada de esta cruz franquista puede hacer que el Ayuntamiento tenga que devolver los fondos prestados. Ruz ha indicado que asumirían este coste con fondos propios.
En concreto, la céntrica plaza del municipio está siendo reformada con parte de los fondos europeos EDUSI. El Partido Socialista de Elche ha preguntado a la Comisión Europea y el organismo ha determinado que "las operaciones apoyadas por los fondos cumplirán el derecho de la UE y el nacional que les sean de aplicación", o, lo que es lo mismo, la Ley de Memoria Democrática. "De no ser así, el importe de la contribución de la UE ya abonada al beneficiario se reembolsará al programa de financiación correspondiente", añade el dictamen. La reforma contaba con un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros, pero con los retrasos del proyecto solamente fueron certificados 170.000 euros, financiados a la mitad por el Ayuntamiento y la Unión Europea. De este modo, de no cumplir la normativa, la deuda ascendería a los 85.000 euros.
El grupo socialista del municipio, por su parte, ha avisado de que continuará avisando al Ayuntamiento para que tenga presentes las consecuencias de no retirar la cruz, y de que volverán a recurrir a Europa para que adopten las medidas que consideren oportunas. A su vez, reclaman que sea el proyecto original que el anterior gobierno, del PSOE con Compromís, el que se ponga en práctica, ya que fue el que sirvió para conseguir la subvención europea y en él ya no estaba proyectada la cruz franquista, que fue inaugurada con cánticos falangistas hace ya 80 años, con el lema "A los caídos por Dios en España".
El punto de vista del Defensor del Pueblo
Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso ElPlural.com, arroja algo de luz sobre este asunto. En concreto, recuerda que "la consideración de la cruz como elemento contrario a la memoria democrática fue una decisión adoptada por el propio Ayuntamiento de Elche, que el 4 de abril de 2021 estimó que constituía un vestigio del franquismo, a través del informe remitido a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Generalitat por el Jefe de Servicio de Arquitectura y Patrimonio Cultural y el Arqueólogo Municipal". A su vez, el informe se hace eco de dos estudios, uno judicial y otro jurídico, encargados por el Ayuntamiento de PP y Vox, en los que "no se dan elementos de exaltación de la dictadura" y "se recomienda la conservación de los elementos de la plaza entre los que se halla el crucero, dotándolo de la protección patrimonial necesaria". Sin embargo, el Defensor del Pueblo matiza que dichos estudios "fueron emitidos después de la adopción del acuerdo de modificación del contrato para evitar el traslado del elemento arquitectónico de la plaza."
"Los informes de los que habla el alcalde vienen a dar soporte a una decisión que ya se había adoptado de antemano en junta de gobierno. Fueron aprobados el 10 de enero, cuando el proyecto se modificó el 9 de noviembre", afean, por su parte, desde las filas socialistas.
"Si el Ayuntamiento consideraba que constaban elementos históricos suficientes que justificaban el cambio de criterio municipal, hubiera debido remitirlos a la comisión autonómica correspondiente, con el fin de que mostrara su parecer antes de la modificación del contrato y, en su caso, modificara el listado", argumenta también Ángel Gabilondo en su informe.
"Por otro lado, el hecho de que durante la etapa democrática ningún alcalde haya adoptado la decisión de retirar el monumento carece de relevancia, pues hasta la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, no se recogió la obligación legal de retirar del espacio público los símbolos conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, y ello aun con demora se planteó por ese ayuntamiento en el mandato pasado. Por todo lo anterior, esta institución considera la sugerencia no aceptada", zanja el escrito.
En este sentido, el Defensor del Pueblo sostiene que los informes que el Ayuntamiento utiliza para justificar la no retirada de la cruz son posteriores a la decisión adoptada por el propio Ayuntamiento, por lo que su aportación a la causa es nula y que fue el propio Consistorio ilicitano, durante la legislatura anterior, quien consideró el símbolo como un vestigio franquista. Esta perspectiva se alinea con el proyecto original que sacaron adelante el PSOE y Compromís, que contemplaba su eliminación, y que fue el proyecto que obtuvo la aprobación de los fondos europeos. La Comisión, por su parte, deriva el caso a la legislación vigente, en este caso, la Ley de Memoria Democrática, y avisa de la posible retirada presupuestaria de no cumplirla.
