“Yo no puedo acordarme de una conversación”, “yo no sé quién ha custodiado esas grabaciones” o “no tengo por qué darle credibilidad” fueron las tres justificaciones que encontró María Dolores de Cospedal, número dos del Partido Popular (PP) durante una década y ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, para negar los audios filtrados en los que dialoga con el excomisario Villarejo y que podrían implicarla en la Operación Cataluña. Las declaraciones de otras figuras bajo sospecha, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tampoco dejaron satisfechos a los parlamentarios.
La que fuera mano derecha de Rajoy podría haber mentido desde la Comisión de Investigación que se desarrolla en el Congreso de los Diputados para esclarecer la trama de espionaje y construcción de relatos falsos para perjudicar al movimiento independentista, actuación que podría constituir un delito. “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”, establece la ley del Código Penal, en el apartado 3 de su artículo 502.
Asimismo, la propia normativa de las Comisiones Parlamentarias contempla en el apartado 2 de su artículo 3 que “si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la Comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que ésta, en su caso a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal”. Es decir, la mayoría de la Comisión podría decidir llevar ante la Fiscalía a Cospedal si entendiese que ha mentido en su comparecencia y, en consecuencia, ha incurrido en un delito.
La mayoría de la Cámara Baja, que se traslada a la Comisión, está contra los intereses del Partido Popular (PP) y tiene claro que Cospedal mintió en su participación. En consecuencia, según El País, este grupo de formaciones estaría más cerca de llevar la declaración exnúmero dos de los conservadores ante la Presidencia del Congreso, para su posterior traslado a la Fiscalía. La decisión se tomará el próximo lunes 14 de abril, momento en el que la Mesa de la Comisión volverá a verse las caras y comparecerá Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta de Rajoy, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Esquerra Republicana (ERC) y Junts creen que no sólo Cospedal, sino también Rajoy, Fernández Díaz y la expresidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, mintieron a la comisión y, por eso, pidieron la semana pasada que todas sus declaraciones fuesen remitidas al Ministerio Fiscal. Para estas formaciones, los audios difundidos en los últimos días chocan con el argumento esgrimido por todos ellos, que coincidieron en tachar de "ficción" las supuestas actividades de la policía patriótica para desacreditar a líderes independentistas o espiar a Bárcenas.
Ante la "evidente contradicción" entre esas grabaciones y las declaraciones de los comparecientes, quieren que la comisión de investigación remita al Ministerio Fiscal los "indicios de criminalidad" que aprecian y apuntan expresamente, desde el primer día de comparecencia, a la posible comisión de un delito de "falso testimonio". Los socialistas ya se mostraron proclives a enviar algunas declaraciones a Fiscalía el pasado jueves. Tendrán que "dar las explicaciones que sean necesarias para dirimir las responsabilidades políticas y judiciales si las hubiere”, defiende el PSOE.
Cospedal y compañía, de nuevo al Congreso
Más allá del trasladado de las posibles mentiras de Cospedal al Ministerio Fiscal, la mayoría de partidos pretenden que la que fuera número dos en Génova 13 vuelva a comparecer en la Cámara Baja. Los socialistas quieren que acuda de nuevo para rendir cuentas por las actividades de las cloacas del Estado y no descarta citar otra vez por el mismo asunto al jefe de todos los nombres puestos encima de la mesa, Mariano Rajoy.
El portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, apuntó ya la pasada semana la conveniencia de que Cospedal sea convocada de nuevo ante este órgano para dar explicaciones por los nuevos audios difundidos el miércoles por RAC1. Desde el PSOE han avanzado su disposición a apoyar esa propuesta si se concreta formalmente y no descartan impulsar una nueva comparecencia de Rajoy, a quien las últimas grabaciones implican en la Operación Kitchen, montada para espiar a Luis Bárcenas con la ayuda de la policía patriótica.
