La contradicción del PP con la tasa de recogidas de residuos: la apoyaron en Europa y la critican en España

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, hablaba en una entrevista reciente de la tasa de residuos que se ha empezado a aplicar en los municipios españoles en este año como si se tratara de una decisión unilateral de Pedro Sánchez. Una crítica al Gobierno de España, contra el que cargaba subrayando que se aplicaba una nueva presión fiscal a los ciudadanos y que, desde el Partido Popular, estaban teniendo que combatirla con medidas que lo compensen, algo que encontraba una rotunda respuesta de Juanfra Colomina, secretario general del PSOE en la ciudad de Madrid, quien encontraba erróneo esta visión del asunto. Serrano cargaba contra Sánchez hablando de este impuesto que se implantó fruto de la aprobación de una directiva europea enfocada al reciclaje y el calado que debía tener en las localidades. 

Concretamente, se trata de la Directiva 2018/851, la cual se diseñó para alcanzar los objetivos de reciclaje marcados por la UE, que pretendía situarlos en el 2025 en el 55% de los residuos municipales entre los países de la UE. No queda limitada ahí, sino que amplía a metas progresivas para el futuro, como el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Además, se busca reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos a un máximo del 10% para 2035. 

El proceso de aprobación de una directiva europea implica tanto Parlamento Europeo como al el Consejo de la UE, los cuales acuerdan el texto final, momento a partir del cual los Estados miembros tienen un plazo para transponerla a sus respectivas legislaciones nacionales. Una vez se ha examinado y debatido el texto, el Parlamento lo aprueba o declina, siendo necesaria para la aprobación que la directiva cuente con una mayoría simple de los votos emitidos. Por su parte, el Consejo examina la directiva y puede rechazarlo o no pronunciarse sobre él, con lo cual la propuesta no entrará en vigor y se da por concluido el procedimiento; o aprobarlo y, si el Parlamento también lo hace, el acto legislativo queda adoptado.

En los últimos años, el Partido Popular europeo y sus grupos afines vienen disponiendo de mayoría en la cámara parlamentaria europea. Por lo que, cuando se aprobó esta directiva, debió de contar con su voto favorable. En el artículo 4.3, el texto indica que “los Estados miembros harán uso de instrumentos económicos y de otras medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos”. Así, en el punto 2 se indica que se establecerán “sistemas de pago por generación de residuos (pay-as-you-throw) que impongan tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados”.

La transposición a España de esta directiva se llevó a cabo a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual marcó la puesta en marcha de una tasa o pago por generación, cumpliendo, de esta manera, con las recomendaciones de la Comisión Europea. Una ley que en el Congreso de los Diputados no halló el voto en contra del Partido Popular, sino que esta formación política simplemente se abstuvo.

Ahora, los de Feijóo usan esta tasa de residuos para cargar contra Pedro Sánchez, como hacía recientemente en una entrevista Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien afirmaba que estos tributos no eran necesarios y hablaba de la repercusión en el ciudadano, que debe pagar más impuestos. Así, aseguraba que, en los municipios donde gobierna el PP, la tasa de residuos se cobra a los vecinos no porque ellos quieran sino "porque lo obliga una ley estatal, porque así lo ha querido Pedro Sánchez con sus socios. Y lo que estamos tratando de hacer, ahí donde gobernamos, es intentar que sea lo menos dañina". 

La aplicación de la tasa de recogida de residuos se hizo obligatoria en este 2025, si bien esta no marca un criterio único sino que deja a los municipios la libertad de establecer la cantidad de este impuesto con la que consideren alcancen a cubrir los costes reales del servicio de recogida, con el objetivo de fomentar la reducción y el reciclaje.

Ante las afirmaciones de Alfonso Serrano, el secretario general del PSOE en la ciudad de Almería, Juanfra Colomina, le respondía en redes sociales recalcando que la directiva proviene de una cámara parlamentaria europea con mayoría de los populares y, en España, se produjo la abstención en el Congreso de los Diputados. No solo eso, sino que subrayaba también que son los ayuntamientos los que la aplican a su modo de ver y que los de Almería o Madrid, gobernados por el Partido Popular, han subido "la tasa lo máximo posible y a todos por igual y no por renta o servicios".

BULO. Es una directiva europea (en el parlamento UE el PP tiene mayoría) que fue al Congreso como ley, donde el PP se abstuvo. Y luego la aplican los ayuntamientos, que, como el de Almería o Madrid, suben la tasa lo máximo posible y a todos por igual y no por renta o servicios. https://t.co/QnfjOBccRA

— Juanfra Colomina (@Juanfra_87) October 13, 2025

En el 2020, ante la posibilidad de no cumplir con el objetivo de reciclaje marcado, ese 55%, la UE alertó a España de ello y envió un conjunto de recomendaciones para alcanzarlo. Entre ellas figuraba el establecimiento de tasas sobre los residuos municipales domésticos generados para disponer de recursos económicos suficientes que posibilitaran el cambio en los sistemas de gestión y en el tratamiento de residuos.