Pedro Sánchez pone fin a los chiringuitos universitarios: la Educación no es un negocio

La universidad no es un lujo ni un mercado: es uno de los pilares sobre los que se sostiene la igualdad de oportunidades y el progreso de un país. Durante décadas, ha sido el gran ascensor social de España, el espacio donde el talento, el esfuerzo y la vocación podían más que el dinero o el apellido. Defender la universidad pública es, por tanto, defender la justicia social y el derecho de todos a construir un futuro mejor. No se trata solo de educación: se trata del modelo de país que queremos ser.

Con la aprobación del nuevo Real Decreto sobre universidades, el Gobierno de Pedro Sánchez da un paso decisivo para proteger ese modelo y poner fin a los chiringuitos universitarios que proliferaron bajo la complacencia de los gobiernos del Partido Popular. La norma fija criterios rigurosos para la creación y el funcionamiento de nuevos centros, exigiendo solvencia, calidad docente e infraestructura real. En otras palabras, se acabó el negocio fácil de los títulos sin contenido y las universidades privadas de cartón piedra que nacían solo para hacer caja.

Durante años, el PP ha permitido que la educación superior se convirtiera en un terreno abonado para la especulación. Han florecido universidades privadas con apenas profesorado estable, sin investigación, sin bibliotecas dignas y sin compromiso con la comunidad universitaria. Centros donde el título se compraba al precio que marcara el mercado, no al valor del esfuerzo. Esa deriva ha degradado el prestigio del sistema universitario español y ha puesto en riesgo el principio básico que da sentido a la educación pública: la igualdad de oportunidades.

El nuevo Real Decreto rompe con esa lógica mercantil y devuelve a la universidad su razón de ser: formar ciudadanos, no clientes. A partir de ahora, toda universidad —pública o privada— deberá demostrar su capacidad académica, su sostenibilidad económica y su compromiso con la investigación y el servicio público. No bastará con alquilar un edificio y colgar un cartel. Habrá que garantizar profesorado estable, medios suficientes y una oferta formativa sólida. En definitiva, el Gobierno establece que la educación superior no es un negocio más, sino un bien público que debe protegerse con seriedad.

El decreto establece que las nuevas universidades deberán contar con informes de calidad vinculantes, un mínimo de 4.500 estudiantes y ofrecer programas en varias ramas del conocimiento, así como alojamientos para al menos el 10% del alumnado. Esta medida es clave para garantizar que la elección de carrera dependa de la vocación y el talento, no de la capacidad económica. En un país donde el precio de la vivienda universitaria se ha disparado y los alquileres en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia rozan niveles inasumibles, este requisito adquiere un valor social incuestionable.

Hoy estudiar fuera de casa no puede convertirse en un lujo reservado a quienes tienen dinero. Por eso, el Gobierno también facilitará suelo público y financiación a través de préstamos ICO para que las residencias sean posibles, permitiendo que la movilidad estudiantil y la elección de universidad no queden condicionadas por la renta familiar. Se trata de devolver a la educación superior su función de ascensor social, evitando que la universidad sea un privilegio de clase y consolidando su papel como motor de igualdad.

Las universidades privadas, con matrículas que superan en muchos casos los 12.000 o 15.000 euros al año, han contribuido a un modelo excluyente que expulsa a miles de estudiantes brillantes. Entre 2015 y 2024, las privadas ganaron 34.300 estudiantes, mientras que las públicas perdieron 16.700. No es porque la gente prefiera pagar, sino porque no encuentran plazas públicas suficientes. En carreras como Medicina, con 62.700 solicitudes para solo 6.600 plazas públicas, muchos jóvenes han tenido que renunciar a sus vocaciones o endeudarse de por vida para acceder a la educación superior.

El objetivo de Pedro Sánchez es claro: revertir esta desigualdad. Garantizar que todas las universidades cumplan con estándares de calidad y que los estudiantes puedan acceder a ellas independientemente de su nivel de renta. Frente a la lógica del PP, que consiste en recortar lo público para justificar lo privado, el Gobierno apuesta por fortalecer lo público, ampliar las plazas, mejorar los campus, aumentar la oferta de profesorado y garantizar recursos suficientes para investigación y docencia.

No se trata de limitar la creación de nuevas universidades, sino de poner reglas que garanticen excelencia y sostenibilidad. Aquellos proyectos serios, con profesorado cualificado, infraestructuras adecuadas y capacidad investigadora, podrán desarrollarse. Lo que no se permitirá es que surjan centros solo para captar matrículas, con titulaciones de valor dudoso y sin compromiso social. El Real Decreto defiende la universidad como bien común, reconociendo su papel en la movilidad social, la investigación, la cultura y el desarrollo económico.

El decreto también regula las universidades virtuales, que ya concentran el 19 % del alumnado. Estas instituciones deberán contar con informes vinculantes de la ANECA y la aprobación del Congreso. La intención no es limitar la innovación tecnológica, sino garantizar que la enseñanza online cumpla con los mismos estándares de calidad que la presencial. Las clases digitales no pueden ser una excusa para disminuir la exigencia académica ni para aumentar los precios sin control.

En regiones como Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, la norma choca con la política habitual: recorte de recursos públicos y proliferación de universidades privadas. Isabel Díaz Ayuso ha dejado crecer los centros privados mientras congela las universidades públicas, y ha anunciado que impugnará el decreto que limita la creación de universidades privadas.

Moreno Bonilla por su parte, ha debilitado la educación superior andaluza, precaria en financiación y con grados estratégicos cedidos a universidades privadas respaldadas por fondos de inversión. Esta política ha profundizado la desigualdad y ha erosionado la capacidad de la universidad pública de ofrecer oportunidades reales a todos los estudiantes.

El Gobierno de Sánchez responde con un modelo opuesto: una universidad fuerte, pública, inclusiva y con recursos suficientes para cumplir su misión social. El conocimiento no puede depender del dinero; debe depender del esfuerzo, el talento y la vocación. Con este decreto, se envía un mensaje claro: la educación superior es un derecho universal, no un privilegio reservado a quienes pueden pagarla.

El Real Decreto también protege el prestigio del sistema universitario español a nivel internacional. Garantizar que las universidades cumplan con estándares sólidos refuerza la confianza de estudiantes, familias, empresas y organismos de acreditación, evitando la proliferación de títulos de dudosa validez y elevando el nivel de excelencia de todo el país. La universidad, más que nunca, debe ser un motor de progreso colectivo, y no un escaparate de negocios privados.

Al final, la cuestión no es solo económica ni administrativa: es política y social. Defiende una sociedad más justa, donde los jóvenes puedan estudiar según su talento y esfuerzo, y no según el saldo de su cuenta bancaria. Reafirma que la universidad pública sigue siendo el ascensor social que permitió a millones de españoles mejorar su vida, y que España apuesta por el conocimiento como base de su futuro.

Pedro Sánchez ha tomado una decisión valiente y necesaria. Ha puesto fin a los chiringuitos universitarios, ha protegido la universidad pública, ha defendido la igualdad de oportunidades y ha recordado que la educación no es un negocio: es un derecho fundamental y un bien común que debe protegerse para toda la sociedad. Con esta norma, España da un paso firme para garantizar que el conocimiento siga siendo un motor de movilidad social y progreso colectivo, y no una mercancía al servicio de unos pocos.