Los datos que demuestran que la Universidad Complutense no es parte perjudicada en la cátedra de Begoña Gómez

La investigación judicial sobre Begoña Gómez continúa su cauce con el horizonte aún incierto por determinar si será un jurado popular el que juzgue a la mujer del presidente del Gobierno por los presuntos delitos por los que le acusa el juez Juan Carlos Peinado.

Este miércoles, en uno de los últimos avances en la causa, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con motivo del software de la cátedra que dirigía la investigada, se ha personado como parte “perjudicada” en la causa aceptando la petición del magistrado instructor.

Según constató ElPlural.com al haber tenido acceso el escrito presentado por la UCM, se personan para el “ejercicio de la acción civil de reparación del daño”, considerando a su vez que “los hechos objeto de la investigación pudiera haber causado un perjuicio económico a los intereses” de la universidad. Una oportunidad de personación en la causa que se produce sin que se haya demostrado que exista un perjuicio económico alguno.

No obstante, la personación de la Complutense en la causa choca con los hechos probados hasta la fecha.

La Complutense, ¿perjudicada?

En un primer lugar, los propios datos de la institución académica lo cuestionan debido a que obtienen un 15% del beneficio por cada edición de cada máster, los cuales no sólo generaban beneficios en términos económicos.

De la misma manera, según ha podido conocer ElPlural.com, la actividad de la cátedra impulsaba “relaciones estratégicas, conocimiento compartido, reflexión académica, generación de ideas y propuestas con impacto real”, en otras palabras, vertía su aportación en trasformaciones académicas y empresariales con “influencia directa” en innovación, sostenibilidad y liderazgo público.

En vez de ser perjudicada la propia institución universitaria, el daño colateral recae en los alumnos y empresas colaboradoras “que han visto cómo la universidad cerraba la cátedra y los másteres” cuando había personas inscritas, paralizando a su vez su desarrollo.

Tal y como han considerado fuentes conocedoras del caso a este periódico, la Complutense se ha “autolesionado institucionalmente” por haberse visto obligada a anular la colaboración privada de empresas patrocinadoras, no ha terminado de ejecutar el proyecto final previsto en cada adenda de la UCM -siendo este uno de los objetivos primordiales de la Cátedra dirigida por Gómez y que aprobó el rector y vicerrector-, además de negarse a renovar el dominio y mantener la continuidad del proyecto tecnológico.

En cuanto a los patrocinadores de la cátedra, estos aportaban un montante de 30.000 euros anuales bajo el concepto del desarrollo de las actividades académicas y la planificación de congresos, informes o investigaciones dentro de la misma. De esta cuantía, la Complutense se quedaba -y llegó a cobrar pese a la paralización del proyecto- un 10% ,es decir, 3.000 euros al año.

“La Complutense ha percibido su parte económica mientras los patrocinadores han perdido el impacto académico y social”, además de haber retenido su parte del 15% del máster y un 10% de la plataforma. Por este motivo, las empresas implicadas han visto cómo no se ha cumplido el objeto de la colaboración.

Pese a tener estos datos sobre la mesa, el juez Peinado considera que la Complutense es parte perjudicada en el caso que aún sigue bajo lupa de investigación, pero los mismos hechos demuestran que la institución académica ha incumplido compromisos empresariales y ha perjudicado al alumnado de la cátedra y másteres.

Las fuentes consultadas consideran en estos términos que el proceso "ha desvirtuado el propósito académico y transformador de la cátedra”, terminando por convertirlo en un “instrumento de enfrentamiento político” en vez del proyecto académico que era.

El software 

Cabe recordar que, sobre la creación del software, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, expuso ante el juez Peinado que su desarrollo “requería un dominio para la creación de la arquitectura tecnológica” centrada en la medición de impacto gratuito para las pymes. “El dominio se dio de alta según las indicaciones de la OTRI, quedando a la espera de finalizar el proyecto y realizar el traspaso completo. Por supuesto, el objetivo era que nadie utilizara ese dominio fuera de la UCM ni de la Cátedra Extraordinaria”, explicó.

De la misma manera, el exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, de la Complutense dijo lo siguiente en su declaración ante el juez el pasado mes de enero: “(El software) siempre era gratuito para todos los usuarios. Era un buen proyecto que la Complutense tuviera un software (…) gratuito”, un factor que definió como "lo mejor de la cátedra".