El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (izda), llega a la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) previa a la cumbre de la UE, celebrada hoy en Bruselas, Bélgica. EFE El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (izda), llega a la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) previa a la cumbre de la UE, celebrada hoy en Bruselas, Bélgica. EFE



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que España cumplirá la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirma que la norma española de desahucios es contraria al derecho comunitario, y que se aprovechará para ello la tramitación del decreto que ya está en el Congreso. El PSOE y otros partidos políticos, también movimientos sociales han exigido al Gobierno que adapte cuanto antes la ley hipotecaria a las exigencias de Europa.

Problemas de procedimiento
Rajoy se ha referido a esta sentencia en declaraciones a los periodistas a su llegada a Bruselas para participar en la reunión que horas antes de la cumbre de la UE mantienen los líderes del Partido Popular Europeo. El jefe del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno está estudiando esa sentencia y que hay algunos problemas de procedimiento que se intentarán subsanar.

Colau exige cambiar la ley
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha afirmado que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley" y ha abogado por "la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso".

Estudian "reclamar acciones jurídicas al Gobierno"
Colau ha asegurado en una rueda de prensa convocada frente al Congreso de los Diputados, que "la ciudadanía ha tenido demasiada paciencia" y ha instado al Ejecutivo "a rectificar aunque sea tarde", ya que, en su opinión, si no lo hace "va a desencadenar una situación de conflictividad social totalmente ingestionable". Asimismo, ha señalado que se están planteando "reclamar acciones jurídicas al Gobierno" por la situación que han sufrido las "personas afectadas" de "inseguridad jurídica profunda".

"Hoy estamos muy satisfechos porque se ha dado un espaldarazo importante a lo que venimos reclamando desde hace cuatro años en los que se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias", ha dicho Colau. Además, ha apuntado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que actualmente está en trámite de enmiendas en el Congreso y que "está avalada por casi un millón y medio de firmas" plantea medidas que "no pueden esperar más" y que, en su opinión, podrían solventar la "situación de colapso en los tribunales" que, a su juicio, se puede producir al paralizarse las desahucios.

El PSOE: "Esta sentencia nos da la razón"
La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha dicho en una comparecencia en el Congreso que , "esta sentencia nos da la razón, que había cláusulas abusivas en la legislación que es preciso cambiar", y ha emplazado al Ejecutivo a establecer una moratoria automática de todos los desahucios que procedan de cláusulas abusivas.

En el mismo sentido la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha instado al Gobierno a que modifique de urgencia, si es necesario por la vía del decreto, la legislación española para adaptarla a las recomendaciones de la sentencia europea, de forma que "nadie más quede desprotegido".

Alberto Garzón dice que la pelota está en el tejado del Gobierno
Para Izquierda Unida, la sentencia europea es una "victoria" de los movimientos sociales y ahora "la pelota está totalmente en el tejado del Gobierno", ha dicho el diputado Alberto Garzón, mientras que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha considerado que la sentencia ha "desautorizado brutalmente" al Gobierno y al PP.

Ha resaltado que, a partir de ahora, las personas desahuciadas podrán argumentar el contenido de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo ante los tribunales españoles y tendrán más mecanismos de defensa.

CiU, Amaiur y UPyD defienden parar los desahucios
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha resaltado que la sentencia obligará a una reforma de la legislación española, que a CiU le gustaría que también modificase la ley concursal, para que la "persona física pueda beneficiarse de los mismos requisitos que comporta un concurso de acreedores para una sociedad jurídica, es decir, para una empresa".

El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha celebrado la sentencia, porque confirma que la legislación española "está hecha en función de los intereses" de las entidades financieras y no de los de la ciudadanía, mientras que el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha destacado que, a partir de ahora, "va a ser imposible que se ejecuten automáticamente" los embargos.