El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes su Barómetro de Opinión de octubre, un sondeo marcado por una doble tormenta política y social: la crisis sanitaria en Andalucía por los fallos en los cribados de cáncer de mama, que ha forzado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y las nuevas revelaciones del “caso Ábalos”, que han reabierto un frente judicial incómodo para el PSOE en pleno curso político.
El trabajo de campo del barómetro se desarrolló entre finales de septiembre y comienzos de octubre, días especialmente intensos en la actualidad nacional. En ese mismo periodo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil difundió un informe que apunta a ingresos “irregulares y opacos” del exministro y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, que habría recibido sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz. Un nuevo capítulo que vuelve a vincular al entorno del antiguo ministro con presuntas prácticas corruptas ligadas al “caso Koldo”, y que el propio Ábalos niega tajantemente.
Una encuesta en medio del ruido judicial
A los escándalos en torno al exministro se sumaron otros procesos judiciales que coparon titulares durante los días en que los encuestadores del CIS realizaban su trabajo. El juez Juan Carlos Peinado advirtió a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que, si finalmente es juzgada, lo será por un jurado popular. Paralelamente, se conoció la fecha del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Este último, por su parte, también afrontará un proceso judicial por fraude fiscal, según dictó la magistrada instructora a finales de septiembre.
El clima de crispación institucional fue en aumento. Mientras la oposición aprovechaba cada novedad judicial para cargar contra el Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentaba marcar perfil propio frente a los casos, insistiendo en que la justicia debe actuar con independencia. En ese contexto, el CIS trata ahora de medir el impacto político que todo este ruido mediático puede haber tenido sobre la opinión pública.
Andalucía, epicentro de la indignación sanitaria
Pero el dato político no es el único foco que podría condicionar los resultados del barómetro. La crisis de los cribados oncológicos en Andalucía ha sacudido con fuerza al Ejecutivo de Juanma Moreno, tras revelarse que unas 2.000 mujeres no fueron citadas a tiempo para las pruebas de detección precoz de cáncer de mama.
La indignación ciudadana y la presión de los profesionales sanitarios desembocaron en la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, el pasado 8 de octubre, un movimiento que el Gobierno andaluz trató de amortiguar asegurando que se trataba de “una decisión personal”.
La situación sanitaria en la comunidad, ya tensionada por los problemas en atención primaria, ha puesto de nuevo en el foco al modelo de gestión del PP en las autonomías. Los sindicatos y la oposición han acusado a la Junta de recortar servicios esenciales y de privatizar pruebas diagnósticas, mientras el Ejecutivo andaluz intenta contener el desgaste político alegando “errores técnicos puntuales”.
En este contexto, los datos del CIS de octubre podrían reflejar un cambio de tendencia en la valoración del Gobierno andaluz y del PP, que hasta ahora mantenían una posición cómoda en las encuestas.
Choques entre el PP, Vox y el Gobierno central
Los días en que se realizaba la encuesta también estuvieron marcados por un nuevo enfrentamiento entre el PP y Vox, esta vez a cuenta de la inmigración y el aborto. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, aprobó una iniciativa impulsada por Vox para alertar a las mujeres de un supuesto “trauma postaborto”, una teoría sin base científica.
El propio alcalde terminó reconociendo que dicho trauma “no existe”, lo que provocó un notable revuelo incluso dentro del PP. La dirección nacional del partido respaldó inicialmente la decisión, pero la polémica reabrió viejas heridas sobre el papel de los ultraconservadores en los gobiernos de coalición.
Al mismo tiempo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso volvió a protagonizar un pulso con el Ejecutivo de Sánchez por su negativa a poner en marcha el registro de objetores de conciencia al aborto, una obligación legal desde hace más de un año.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de zanjar el debate garantizando que, si llega al Gobierno, mantendrá la actual ley del aborto, una afirmación que sorprendió incluso dentro de su partido.
El último CIS
El último barómetro publicado por el CIS, correspondiente a septiembre, situó al PSOE en cabeza con un 32,7% de intención de voto, nueve puntos por encima del PP, que caía al 23,7%, su peor registro de la legislatura. Vox descendía hasta el 17,3%, mientras Sumar se mantenía en el 7,9% y Podemos retrocedía al 4,3%.
Por detrás, Se Acabó la Fiesta, el movimiento del eurodiputado Luis “Alvise” Pérez, irrumpía con un 1,6%.
En cuanto a las preocupaciones ciudadanas, la vivienda volvió a ser el principal problema para los españoles, seguida esta vez por la inmigración, que escaló al segundo puesto. La corrupción, en cambio, cayó al noveno lugar después del repunte de julio, cuando la detención del exdirigente socialista Santos Cerdán la devolvió al primer plano.
El empleo precario alcanzó un récord de menciones y se consolidó como la tercera gran inquietud social.
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