Los casos de corrupción abiertos relativos al Partido Popular, sin contar casos ya juzgados como Gürtel, o casos abiertos, pero sin impacto económico definido, como la llamada Policía Patriótica o caso Kitchen, alcanzan los 4.219 millones de euros presuntamente defraudados, según el análisis de ElPlural.com en base a fuentes judiciales y policiales sobre casos en curso.
Atendiendo al impacto por valor contractual de casos cuya magnitud económica está bajo análisis y, por tanto, no concretada en acusaciones formales de fraude, se sumarían al dinero presuntamente defraudado por el entorno del Partido Popular otros 6.339,5 millones, alcanzando, por tanto, los 10.558,5 millones de euros en casos abiertos a diciembre de 2025 vinculados al PP.
A modo de ejemplo comparativo, considerando objetivamente la totalidad de lo estimado en sus rapidísimos informes y actuaciones (en caso de que afecten o puedan hacerlo al Gobierno) por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la cuantía viva del presunto fraude del PP bajo investigación judicial multiplica por más de 22 los 188,5 millones presuntamente atribuidos al entorno del Gobierno o al PSOE.
Dicha atribución investigada incluye, en los casos atribuidos al PP, los 2.200 millones defraudados directamente y en vena (contra el dinero del contribuyente) en el caso Montoro y Asociados (Equipo Económico) más los 50 millones que se llevaron en mordidas según la investigación en curso, los 600 millones del caso La Sal (escombreras de Murcia), los 567,6 millones del caso Umbra-Acuamed (Murcia), los 224 millones de las piezas vivas relativas a la trama Púnica (sólo en la pieza separada Cofely), los 75 millones en mordidas de la trama eólica del PP de Castilla y León, o los entre 50 y 100 millones de la trama Acuamed, además de los 2 millones en mordidas del PP de Almería por el caso mascarillas y los entre 350.000 y 400.000 euros presuntamente defraudados al fisco en los dos delitos fiscales admitidos por Alberto González Amador.
En los casos atribuidos al entorno del PSOE o del Gobierno, se incluye el presunto fraude del IVA del caso Hidrocarburos (185 millones), los 2,6 millones estimados por homologación del recientemente ampliado caso Leire Díaz-SEPI, además de los casos contra Koldo, Ábalos, Cerdán, o los relativos a la familia del Presidente del Gobierno, que suman entre todos 950.000 euros bajo sospecha de mordidas.
Impacto por valor contractual
Incluyendo el valor contractual, esto es, los impactos económicos totales, la cuantía presuntamente en cuestión -que no forzosamente defraudada, pero objeto de análisis policiales y judiciales- ascendería a 6.339,5 millones adicionales en los casos atribuidos al PP y a 546,4 millones en los del PSOE.
La cifra, en este caso contempla, en lo relativo al PP, los más de 5.000 millones adjudicados a Quirón Salud por la Comunidad de Madrid, los más de 1.000 millones en multas solicitadas en la trama eólica del PP castellano-leonés (al margen de las mordidas), los 500 millones de la obra pública inflada en el caso Acuamed, los 250 millones en otras piezas vivas de la trama Púnica o los 2,5 millones de la concesión de la Comunidad de Madrid al directivo de Quirón, Alberto González Amador, en mascarillas.
En lo relativo al PSOE, incluye todas las adjudicaciones a Acciona en la época de Pedro Sánchez (no solo las relativas a la UTE con Servinabar) -en torno a 300 millones-, el total de los 132 millones adjudicado por los cinco contratos investigados en el caso Leire Díaz-SEPI, el préstamo de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, o los 8,4 millones asociados en alguna investigación periodística (no estimados judicial ni policialmente) en el caso Begoña Gómez.
Aun con esta interpretación maximalista en casos relacionados de alguna forma con el PSOE, en comparación con los casos abiertos con cuantías consolidadas relativos al PP, las cifras por valor contractual o magnitudes económicas bajo análisis o sospecha por corrupción de los populares más que decuplican (*11,6) las de los socialistas, en contraste con el foco mediático casi exclusivo a estas últimas y los momentos procesales distintos en ambos casos. Esto es, juicios, instrucciones avanzadas e investigaciones plurianuales consolidadas en los 8 casos que afectan al PP -a falta de otros más de 20 por iniciarse el año que viene-, respecto a acusaciones o instrucciones iniciales en 4 de los 5 casos que señalan al entorno socialista.
No se incluyen en este análisis las cuantías atribuidas a otros partidos, como Vox, supuestamente estafadas a las víctimas de la DANA según la exclusiva publicada por ElPlural, ni las relativas a presuntas actuaciones y negligencias en el ámbito local, ni las condenas en firme tanto al PP como a Vox por financiación ilegal.
A continuación, se muestra las tablas con sus datos objetivos según constan en las causas abiertas (datos públicos, policiales y judiciales) y su metodología.
- 1 Criterio: cuantía penal acreditada o indicio concreto.
- 2 Criterio: magnitud económica bajo análisis; no equivale a fraude.
Agregados (con metodología explícita)
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- Perjuicio/indicio penal: El PP concentra las macro-cuantías y los 6 principales casos abiertos por corrupción (impacto fiscal, obra pública, urbanismo). Cuantía: PP, 4.219 M€ (95,72%); PSOE, 188,5 M€ (4,27%).
- Impacto contractual: La cuantía atribuida al PP es extraordinariamente superior por sanidad concesionada e infraestructuras. PP, 6.339 M€ (92,1%); PSOE, 546,4 M€ (7,8%).
- Agregado indicios penales, mordidas e impacto contractual: la cuantía presuntamente robada y bajo análisis contractual relativa a la corrupción viva del PP (no juzgada ni sobreseída) multiplica por más de 14 la relacionada con el Gobierno o el PSOE. PP, 10.558,5 M€ (93,5%); PSOE, 734,9 M€ (6,5%).
