Este martes el Congreso de los Diputados hacía decaer el ‘decreto ómnibus’ con los 179 votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts, tumbando de esta forma la subida de las pensiones, la suspensión de los desahucios o la prohibición de cortar suministros a las familias más vulnerables, pese a que sí se sacaba adelante la prórroga de las ayudas al transporte público durante todo 2026, con el voto favorable de Junts y la abstención de los populares.
A razón de ello, un día después de la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha acusado a las tres formaciones que votaron en contra del ‘escudo social’ de “ensañarse” con las familias vulnerables del país. "No estamos hablando de técnica parlamentaria como están intentando hacer creer. No, no. Estamos hablando de una derecha que ha cambiado de posición para defender ensañarse con las familias más vulnerables de este país", ha reprochado Bustinduy en declaraciones a los medios.
Al hilo de ello, el titular de Derechos Sociales ha tildado de “grave lo que sucedió ayer en el Congreso”, a la vez que ha abierto la puerta a “volver a mandar el texto del decreto ley con el escudo social y defenderlo para que salga adelante”. “El Partido Popular, Junts y la ultraderecha de Vox están diciendo que votaron en contra porque el Gobierno había mezclado la subida de las pensiones con otras cosas. Y las otras cosas a las que se están refiriendo no es más que la moratoria de los desahucios a familias vulnerables. Es decir, la posición política que está defendiendo la derecha y la ultraderecha, en este caso, es que a las familias más vulnerables de este país lo que hay que hacer es echarles a la calle. No estamos hablando de 'okupas'", ha defendido Bustinduy este miércoles.
Por su parte, ante la pregunta de si todo ello puede poner en riesgo la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, se ha mostrado convencido de que se abrirá camino "por encima de la disputa". "Es una reforma que es de interés general, que goza de un amplísimo consenso social que las empuja y por tanto que hasta ahora ha sido capaz de abrirse camino por encima de la disputa, la confrontación y la táctica partidista", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que está "convencido" de que "seguirá el mismo tránsito" que la reforma del artículo 49 de la Constitución, la ley ELA, el Real Decreto para inyectar 500 millones al sistema de la dependencia, o la ley de servicios de atención a la clientela.
Los argumentos de PP y Junts
Por un lado, los neoconvergentes defendían su negativa en los siguientes términos: “¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca”, sostuvo Miriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara Baja.
Por otro lado, desde Génova, consideran que la medida del Gobierno solo pretende “que se mantengan las okupaciones ilegales”, algo sobre lo que el PP se posiciona “totalmente en contra”: “Vamos a decir 'no' a ese chantaje. No vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país”, ha reiterado.
Ahora, con este resultado sobre la mesa, quedan anuladas las medidas que aprobó el Consejo de Ministros al finalizar el 2025. Por tanto, la subida de las pensiones prevista queda en suspenso y sin efecto, lo que dejaría, en principio, situándose la primera consecuencia en los pagos de finales de febrero a 9,4 millones de personas que reciben pensiones contributivas, además de los más de 734.000 perceptores de pensiones no contributivas y otros 785.000 del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
