“Vísteme despacio, que tengo prisa…” Esta frase expresa que se deben afrontar con calma las urgencias para que la acción sea eficaz. A veces, el Gobierno debería aplicar esa recomendación a sus decisiones. Me refiero a lo que decretó ayer el Consejo de Ministros sobre la salida de los niños del confinamiento. Tras comunicar que los menores de 14 años podrían solo ir la compra o a la farmacia con uno de sus progenitores, tras numerosas críticas razonables, se informó de la decisión de concederles un pequeño paseo diario cuyos detalles se conocerán este sábado. 

No haría falta mucha imaginación para adivinar qué pasaría si nos hubiera tocado vivir esta pandemia con la derecha en el Gobierno. Porque Pablo Casado olvida que su partido sí tiene responsabilidades de gestión, tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos. Y la gestión, en este drama, implica mucho más que la crítica al gobierno central, la pretensión de imponer un programa o la exigencia de dimisión de su Presidente, agarrándose a cualquier clavo ardiendo para machacar. 

Fuera de las decisiones del Ejecutivo, se conoció ayer una propuesta del Ministerio de Igualdad que parece muy valiosa: se trata de proteger con el ingreso mínimo vital a víctimas de la trata y prostitutas, que sufren doblemente de la explotación sexual y de la epidemia. El Gobierno de Sánchez comete errores, pero abre el camino que la izquierda debe recorrer.

Como los árboles no dejan ver el bosque, la polémica que se produjo sobre el fin del confinamiento de los más pequeños llevó a dar poca trascendencia a un Consejo de Ministros que además de plantear el permiso del Parlamento para prorrogar los plazos del estado de alarma, aprobó una enorme compra de material de protección sanitaria, limitó el precio de las mascarillas, recortó el IVA para los libros electrónicos y la prensa digital y puso en marcha un importante paquete de medidas de protección a trabajadores, pequeñas empresas y autónomos, además de un monto considerable de publicidad institucional para la prensa.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero también inevitables. Mientras se daba cuenta de todas esas medidas, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba una rebaja fiscal para casas de apuestas, casinos y bingos. Resulta que para el PP y Ciudadanos, el juego es una actividad de “especial interés o utilidad municipal”, cuando las modalidades de juego que más propician la ludopatía son las elegidas por el consistorio. “Generan empleo”, justificaron. ¿Y otras actividades no?

Es lamentable que haya sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el que haya tomado esa decisión. Es uno de los pocos dirigentes del PP que no lucha contra el Gobierno, sino contra la pandemia. Todo esto, sin perder de vista el agresivo telón de fondo que ha colgado la oposición. Como dijo hace algún tiempo Pedro Sanchez: “no perderé un gramo de energía en defenderme. El enemigo es el virus”. Mientras unos trabajan, otros ponen palos en la rueda. Mientras unos gestionan para la gente, otros gestionan para unos pocos.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com

@enricsopena