Del bulo de MAR al "aparato del Estado" de Ayuso: cuando el defraudador confeso terminó como víctima frente al fiscal general

Este jueves el Tribunal Supremo emitía una sentencia histórica y sin precedentes: condenaba sin pruebas de peso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros así como la indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por revelación de secretos a razón de la filtración del correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía ser autor de dos delitos fiscales. 

Con esta sentencia, se marca un hito en la historia judicial de este país, al haberse fallado sin tener en consideración las declaraciones de los seis periodistas de diferentes medios que accedieron al correo de la defensa de González Amador a la Fiscalía y que desfilaron por sede judicial asegurando en esta que no fue el fiscal general quien filtró el email, siendo conscientes, asimismo, de las consecuencias que se derivan de un delito de falso testimonio y que están tipificadas en el Código Penal. En los argumentarios que defendieron cada uno de los seis periodistas citados, entre ellos Cynthia Coiduras, de esta casa, se observaba el mismo factor en común: no fue García Ortiza quien filtró el mensaje de González Amador al Ministerio Público. 

Por lo que respecta a la declaración de la periodista de este medio, esta defendió que ElPlural.com tuvo acceso al email días antes del 13 de marzo, pero se publicó con el resto de medios con el fin de tumbar el bulo publicado por El Mundo. Así, por parte del periodista José Precedo, de elDiario.es, aseguró en el Supremo que recibió el email una semana antes que el fiscal general. Todo ello, además, amparado por la declaración que prestó la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, con la que esgrimió que si García Ortiz hubiera “filtrado” el correo de la defensa de González Amador a la Fiscalía “en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida” por diferentes medios de comunicación. Pese a todo ello, la sentencia ya está comunicada y a la espera de ser notificada en legal forma. No obstante, el fiscal general podrá presentar incidente de nulidad ante el propio Supremo como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional. 

Un bulo reconocido, insuficiente para el Supremo

Pero las razones por las que esta sentencia constituye un antes y un después en la historia judicial de este país no radican exclusivamente en que se haya desatendido la declaración que prestaron los periodistas en el Alto Tribunal. Con el fallo emitido por el Supremo y la condena a García Ortiz se omite también el bulo que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió en sus redes sociales con el que sostenía que González Amador no pudo responder a la propuesta del falso ofrecimiento del acuerdo porque “la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”, algo que, meses más tarde, reconoció ante el juez Ángel Hurtado que se trataba de eso, de un bulo, una información falsa y manipulada. 

Sin embargo, como se pudo comprobar en su declaración ante el magistrado del Supremo, Rodríguez afirmó que “eso no es información” y que tiene “el pelo blanco”. “Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el ministerio fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta”.

Ante ello, la abogada de Estado que le interrogó preguntó si, en ese caso, se trataba de “una suposición” que hacía él mismo. Y ante esta pregunta, el jefe de Gabinete de Ayuso afirmó que “sí”. Asimismo, previo a ello, Rodríguez reconoció también haber filtrado parte de los correos electrónicos del caso del fraude fiscal que afecta a González Amador en un diálogo con el juez Hurtado.

En línea con todo ello, resulta necesario recordar que este periódico accedió al email de González Amador y en este se lee claramente la intención de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía con el fin de evitar la entrada en prisión y pagar una sanción hasta siete veces mayor a la cantidad defraudada. En esta carta, firmada por Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso, este aseguraba estar “estudiando el asunto” y “de común acuerdo” con su cliente, comunicaba su “voluntad firme” de “alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos”. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, detalla la carta. También se abría a “resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora de la AEAT”.

Y es que, al hilo de ello, cabe recordar que para que se pudiera llegar a un acuerdo entre las partes debía existir una citación judicial como imputado, es decir, en esa carta y con esa petición a la Fiscalía, González Amador estaba a su vez reconociendo los delitos.

Ayuso avala la sentencia histórica: “El Estado de Derecho funciona”

Prácticamente 24 horas después de conocerse la sentencia, la presidenta madrileña ha mostrado su postura. Lo ha hecho en una declaración institucional sin opción a preguntas y en la que ha calificado de “día histórico” este 20 de noviembre. "La Justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político (...) Por eso es un día importantísimo para nuestra democracia, porque ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona, a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la Ley, se dedicaron a delinquir", ha sostenido.

En este orden de cosas, la responsable de Sol ha proseguido agregando que aquello sobre lo que ha fallado el Supremo obedece a una “campaña organizada desde el Gobierno” en la que “se ha pretendido vender que lo que aquí sucede es un choque de trenes, de iguales, donde debe haber ganadores y perdedores de relato”. "El presidente va al choque para que parezca que todo está enfrentado a culpas iguales (...) La justicia contra la democracia. Para llevar esta situación hasta las últimas consecuencias. Como si todos fuéramos lo mismo y buscáramos lo mismo. Para crear dos bandos y que cada uno hable al suyo. Como si esto fuera de los míos y los tuyos", ha defendido.

No obstante, unas palabras que emite una presidenta que, en numerosas ocasiones se ha referido a su pareja como un “ciudadano” más, cuando, en realidad, es un delincuente confeso.

La sentencia del Supremo, un “shock institucional” entre los propios jueces

La dimensión del fallo de Alto Tribunal ha trascendido de tal manera hasta el punto de  causar respuesta prácticamente unánime entre los propios magistrados. Tal y como expresaba Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, esta decisión del Supremo supone un antes y un después en la Justicia española. Así lo expresaba en el programa Hora 25 de la Cadena SER, donde ponía de relieve la entereza con la que el fiscal general ha afrontado este proceso. Tal y como expresaba Martín, durante todo el tiempo que ha durado el juicio, el fiscal ha soportado una "presión brutal" y, a pesar de ello, ponía en especial valor que en ningún momento ha perdido la compostura ni el compromiso con la institución. Así, aprovechaba su intervención en el programa de Aimar Bretos para lanzar un mensaje a la sociedad, por el cual quería transmitir que García Ortiz no está solo, recalcando que "para quienes trabajamos en la Justicia, quienes conocemos su trayectoria y su integridad, sentimos que esta condena nos golpea también a nosotros".

"Las consecuencias de esta condena no solo afectan al fiscal general, van a afectar al día a día de la Justicia y, sobre todo, a la libertad con la que un fiscal podrá tomar decisiones en el futuro cercano en cualquier juzgado de España", ha añadido. “Para mí es uno de los días más tristes de mi carrera profesional... Jamás pensé que esto podía fallar, los fiscales estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional”, ha concluido Martín.

Y es que esta realidad también se ha visto reflejada en las conversaciones que en privado han mantenido en las últimas horas abogados, fiscales y jueces. Así, lamentan profundamente la decisión del órgano jurídico contra García Ortiz y aseguran que el Supremo los ha “perdido” y que es “más grave de lo que parece”. “El Tribunal Supremo nos ha perdido. Ha perdido la confianza del mundo jurídico demócrata”.