En medio del drama de los desahucios, que continúan aumentado, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sigue adelante con su plan para deshacerse de las viviendas públicas de alquiler, que está dejando en una situación angustiosa a muchas familias. El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto a la venta tres promociones con 334 pisos y 189 familias inquilinas. Otras 1.860 viviendas de este tipo fueron vendidas hace un año a un fondo de inversión. Hay cuatro desahucios pendientes y uno a punto de ejercutarse.
El Ayuntamiento se quedará con la mitad de las viviendas
Sobre la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) pesa la amenaza de la liquidación por sus fuertes pérdidas y la alcaldesa no ha visto otra salida que vender al mejor postor los pisos públicos, pero deja en la cuneta a familias con dificultades económicas. Según cifras de El País, en 2018, la entidad pública se quedará sólo con 4.000 viviendas de las 8.600 que tenía en 2013.
La oposición denuncia la situación angustiosa de las familias
Las viviendas que pretende vender ahora Botella son 163 pisos de las que 132 están ocupadas; 90 viviendas vacías en Vicálvaro y 82 viviendas (con 57 familias) en Usera.
El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, ha denunciado que “la situación económica” de muchas familias “es angustiosa” y que el Gobierno de Botella sólo “se preocupa de vender el patrimonio de la sociedad pública, sin importarles lo que eso suponga en la vida de miles de familias madrileñas”. Por su parte, Izquierda Unida ha criticado que Ana Botella se dedica a “esquilmar el patrimonio público para sacar dinero rápido y que las empresas privadas hagan suculentos negocios”.
Una venta ruinosa
La venta de viviendas impulsada por Botella fue ruinosa para el Ayuntamiento de Madrid ya que se deshizo de 1.860 viviendas situadas en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde, que tenían un valor contable de 162 millones, pero se vendieron por sólo 128,5 millones, un 20% menos de su valor.
Cuatro desahucios pendientes
Ha sido, también, ruinoso desde el punto de vista social, ya que las familias han pasado de tener de casero al Ayuntamiento de Madrid a un fondo de inversión, Blackstone. Actualmente hay cuatro desahucios pendientes y uno a punto de ejecutarse, lo que complica las cosas al Ayuntamiento, que está buscando un piso alternativo a los afectados.
