La Comisión Constitucional del Congreso ha dado luz verde a la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación. La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, prepara el terreno para la disolución de aquellas entidades que hagan apología del franquismo. En esta horquilla de grupos podría estar la Fundación Nacional Francisco Franco, en el caso de que los intentos del Ministerio de Cultura de disolución fructifiquen, pues podría adquirir el cariz de asociación. Así las cosas, el dictamen de la comisión ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que PP y UPN han optado por la abstención y Vox ha votado en contra.
La previsión es que la normativa, que arrancaba su camino parlamentario en octubre, se eleve a Pleno a mediados del mes de abril para remitirla al Senado. Al ser una ley orgánica, necesitará del respaldo de la mayoría absoluta del Congreso para enviarla a la Cámara Alta, por lo que no deberían existir fugas de última hora. En cualquier caso, la reforma de la ley responde al cumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones.
El caso de la Fundación Francisco Franco
Cabe señalar que la reforma de la ley sólo afecta a las asociaciones. Las fundaciones siguen un recorrido alternativo al parlamentario. En este caso, los intentos de disolución los encabeza el Ministerio de Cultura, que inició los trámites en verano para su extinción. Por ello, ante tal iniciativa del Gobierno, la fundación sopesa la transformación a una asociación para evitar la desaparición. Una acción que motivó al Grupo Socialista para impulsar en paralelo la reforma de al Ley de Asociación.
Se incluirá en la ley vigente una disposición adicional en la normativa para incluir como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”, ya sea “ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior” o “enalteciendo” a sus dirigentes, siempre que “concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” del golpe, la guerra o la dictadura o con “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Por otro lado, se clarifica que el motivo de disolución se aplicará con independencia a fines teóricos y actividades plasmadas en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral.
El texto original precisaba que la disolución debería acometerse a través de una resolución judicial y que competería al Ministerio Fiscal “el ejercicio de la acción en este tipo de procesos”, pero durante la fase de ponencia se incluyó una nueva vía para tal acto. Una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, ERC, Bildu, PNV y el BNG abría la puerta a la disolución por el camino penal. Además, permite reconocer la “legitimación activa en tales términos a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado del 36 y de la dictadura”.
Rechazo a las enmiendas de PP y UPN
Durante el debate en la Comisión Constitucional, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, criticó la enmienda al considerar que introduce una "especie de acusación popular en el ámbito civil" justo cuando el PSOE busca restringir esta figura en el ámbito penal. También rechazó que se imponga un mandato al Ministerio Fiscal, asegurando que "carece de sentido".
Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías, acusó al Gobierno de convertir a España en una "democracia militante" en la que se impone una ideología oficial sin margen para la disidencia. Según él, la Constitución solo permite restringir asociaciones de carácter secreto o paramilitar, por lo que calificó la reforma de "liberticida". Además, negó conocer la existencia de asociaciones que hagan apología del franquismo humillando a las víctimas o incitando al odio.
Desde el PSOE, Armeti Rallo respondió que "la democracia debe defenderse de sus enemigos" y que la libertad de asociación no puede amparar discursos de odio. A su juicio, la reforma es necesaria para frenar el auge del "nuevo fascismo", que describió como una corriente "nostálgica del franquismo, ofensiva, inhumana, negacionista y revanchista".
El PP presentó enmiendas para ampliar las causas de disolución de asociaciones a la apología de cualquier régimen totalitario, incluyendo el comunismo y el fascismo, así como el enaltecimiento del terrorismo, especialmente de ETA. En la misma línea, UPN propuso incorporar el enaltecimiento del terrorismo como motivo de disolución. Sin embargo, estas enmiendas fueron rechazadas con los votos en contra del PSOE y sus aliados, mientras que Vox se abstuvo en la relativa a ETA. Desde Sumar, Nahuel González justificó su rechazo argumentando que la apología del terrorismo ya está tipificada en el Código Penal y que no era objeto de esta reforma.
