Imagen de la infanta Cristina a la salida de su trabajo en la central barcelonesa de La Caixa, antes de que trasladara su residencia a Suiza. EFE/Archivo Imagen de la infanta Cristina a la salida de su trabajo en la central barcelonesa de La Caixa, antes de que trasladara su residencia a Suiza. EFE/Archivo



Hacienda ha remitido al juez José Castro, instructor del caso Nóos, el original del contrato ficticio de alquiler que usaron los duques de Palma para hacer creer al fisco que tenían alquilado su palacete de Pedralbes a su propia empresa Aizoon. El documento, en el que aparece la firma de la infanta Cristina como arrendataria y arrendadora, puede poner a la hija del Rey al borde de la imputación. Con esta treta el matrimonio consiguió generar gastos ficticios y pagar menos impuestos.

Los argumentos que salvaron a la infanta de la imputación
El hecho de que aparezca la firma de la infanta Cristina desmonta el argumento de la Fiscalía, la Abogacía del Estado e incluso de Hacienda de que la hija del Rey era ajena a los manejos en Aizoon, la empresa que comparte en un 50% con su marido y que sirvió para desviar fondos públicos desde el entramado urdido alrededor del Instituto Nóos. Este argumento ha servido para exculparla de los delitos fiscales cometidos por Aizoon en 2007 y 2008, que han sido atribuidos exclusivamente a su marido.

El otro contrato que implica a la infanta
Según adelanta El Mundo, el contrato ficticio de alquiler se suma a otro desvelado por ese periódico en el que la infanta autorizó con su firma una compra ficticia de participaciones para percibir de manos de la constructora Mixta África un regalo de 150.000 euros a cambio de unas asesorías que no existieron.

Una empresa para desviar fondos públicos desde el Instituto Nóos
El falso contrado de alquiler,  suscrito en Barcelona, con fecha de 20 de diciembre de 2005,  permitió a los duques de Palma desviar fondos públicos provenientes de los contratos con la Administración, principalmente con la Generalitat valenciana y el Govern de Baleares, conseguidos por Urdangarin con su Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro, en teoría. Parte de esos fondos terminaron en Aizoon.

Esta empresa que comparten en propiedad los duques de Palma no ha tenido una actividad real desde su creación en 2003, pero el contrato ficticio de alquiler les sirvió para desviarse fondos, concretamente 12.000 euros al año, procedentes de Aizoon. En el caso de la Infanta Cristina, llegó a percibir mediante esta argucia 30.747 euros. Con cargo a esta empresa, el matrimonio cargó múltiples gastos personales.