La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ha abierto una vía de esperanza para cientos de miles de personas migrantes en situación irregular en España. Sin embargo, la medida también ha dejado fuera a dos colectivos especialmente vulnerables: las personas apátridas y un grupo significativo de menores extranjeros no acompañados cuya edad ha sido cuestionada. Ambos comparten una característica común, no siendo otra que la imposibilidad de encajar en los requisitos administrativos del proceso, lo que los sitúa en un limbo legal de difícil salida.
En el caso de las personas apátridas, su exclusión no responde a una ausencia de necesidad de protección, sino a la existencia de un procedimiento específico gestionado por el Ministerio del Interior para el reconocimiento de este estatus. Según este planteamiento, quienes carecen de nacionalidad ya cuentan con un marco legal propio que les permite, en teoría, acceder a derechos como la residencia o el trabajo. Esta interpretación fue respaldada por el Consejo de Estado, cuyo informe jurídico avaló su exclusión del decreto final.
No obstante, la realidad administrativa dista de ser ágil. Los procedimientos de apatridia pueden prolongarse tomar extensos períodos de tiempo, incluso años, durante los cuales los solicitantes permanecen en una situación de incertidumbre, con limitaciones para trabajar y dependiendo en muchos casos de ayudas básicas. A esto se suma la complejidad documental, ya que, al no tener un país reconocido, muchas de estas personas no pueden aportar certificados clave, como antecedentes penales, lo que dificulta su encaje en procesos de regularización ordinarios. Además, existe una incompatibilidad práctica entre solicitar la apatridia y acogerse a la regularización extraordinaria, lo que obliga a los afectados a elegir entre un procedimiento largo con mejores condiciones o uno más rápido pero menos garantista.
Por otro lado, la situación de ciertos menores extranjeros no acompañados resulta aún más compleja. Se trata de jóvenes que llegaron a España con documentación que acreditaba su minoría de edad, pero que han sido sometidos a pruebas de determinación de edad cuyos resultados contradicen esos documentos. Como consecuencia, la Fiscalía ha emitido resoluciones que los consideran mayores de edad, generando una contradicción legal, pues poseen un pasaporte que los reconoce como menores y, al mismo tiempo, un dictamen oficial que los sitúa como adultos.
Esta dualidad los deja fuera de ambos sistemas de protección. No pueden ser tutelados como menores, lo que implica la pérdida de acceso a recursos básicos como alojamiento en centros de protección, educación o asistencia social; pero tampoco pueden regularizar su situación como adultos, precisamente por la inconsistencia documental. En la práctica, esto significa que no pueden realizar actividades cotidianas que requieren autorización legal, como matricularse en un centro educativo, firmar un contrato de alquiler o acceder a determinados servicios sanitarios.
El resultado es una situación de desprotección extrema. Algunos de estos jóvenes acaban en la calle o dependen de redes informales para sobrevivir. La imposibilidad de acceder a derechos básicos no solo dificulta su integración, sino que los expone a mayores riesgos de exclusión social. Paradójicamente, si estos mismos menores tuvieran familiares en España, podrían haber sido incluidos en el proceso de regularización como parte de una unidad familiar.
Un proceso en marcha con alta demanda
El Gobierno ha puesto en marcha esta misma semana el Real Decreto que articula la regularización extraordinaria, activando un proceso que llevaba meses generando expectativas entre la población migrante. Desde su entrada en vigor, se ha abierto el plazo para presentar solicitudes, que se prolongará hasta el mes de junio y que pretende dar respuesta a la situación administrativa irregular de cientos de miles de personas que ya residían en España antes de la fecha de corte fijada por el Ejecutivo.
En estos primeros días, el despliegue ha estado marcado por una elevada demanda y cierta saturación en los canales de información y asesoramiento. Organizaciones sociales, asociaciones de apoyo a migrantes y administraciones locales han tenido que reforzar sus recursos para orientar a quienes buscan acogerse a la medida, especialmente ante la complejidad de los requisitos y la necesidad de acreditar tiempo de permanencia en el país o la ausencia de antecedentes penales.
El Ejecutivo ha defendido que el procedimiento será ágil en comparación con otras vías administrativas, fijando plazos de resolución relativamente cortos. Sin embargo, ya han surgido algunas fricciones. Por un lado, colectivos excluidos del decreto han intensificado sus críticas, denunciando una regularización que consideran incompleta. Por otro, el arranque ha estado acompañado de movimientos judiciales que, aunque no han paralizado la medida, evidencian el debate jurídico que la rodea.
