En plena dificultad para encontrar trabajadores en el campo, en hostelería o en el transporte de mercancías, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha optado por cerrar filas contra una de las medidas que estos sectores consideran necesarias para sostener su actividad. El rechazo a la regularización de inmigrantes no solo marca distancia con el Gobierno, sino que sitúa a los ‘populares’ en una posición contraria a lo que vienen reclamando empresarios y organizaciones agrarias en la región.

El PP de Paco Núñez ha reforzado este jueves su negativa alineándose con el discurso de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. El vicesecretario regional de Comunicación, Santiago Serrano, ha advertido de que este proceso “aboca a dinamitar aún más la convivencia social”, al tiempo que ha defendido la “nitidez extraordinaria” de la postura del partido a nivel nacional.

En su intervención, Serrano ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de impulsar esta medida por “finalidad electoralista” en un “tiempo extra de una legislatura agotada”, llegando a sostener un argumento que no se ajusta a la realidad, ya que las personas que serían objeto de esa regularización no podrían votar en las elecciones de 2027 al no tener la nacionalidad española, requisito imprescindible para ejercer el derecho al voto en estos comicios. También ha calificado la medida como “un hecho insólito en Europa, sin previsión ni responsabilidad”, insistiendo en que tendrá efectos negativos sobre la economía y los servicios públicos.

En contra del tejido productivo de Castilla-La Mancha

Sin embargo, este posicionamiento político choca de lleno con la realidad del tejido productivo de Castilla-La Mancha. Organizaciones agrarias como ASAJA llevan tiempo reclamando la regularización de trabajadores inmigrantes para poder garantizar el desarrollo de campañas agrícolas sin problemas. La falta de mano de obra en el campo es una constante en los últimos años, especialmente en momentos clave como la vendimia o la recogida de fruta.

Esta escasez de trabajadores no es un fenómeno puntual. Agricultores de toda la región han advertido de las dificultades para cubrir puestos esenciales, lo que pone en riesgo tanto la producción como la rentabilidad de las explotaciones. Para el sector, la regularización no es una cuestión ideológica, sino una solución práctica ante un problema estructural.

Las patronales de Castilla-La Mancha comparten este diagnóstico. Sectores como la hostelería, el transporte o la logística llevan tiempo alertando de que no encuentran trabajadores suficientes para cubrir sus necesidades. En algunos casos, esta falta de personal está limitando la actividad de las empresas y condicionando su crecimiento. La falta de mano de obra se ha convertido en un freno directo para la economía regional.

Pese a ello, el PP ha optado por centrar su discurso en los riesgos sociales que, a su juicio, implicaría la regularización. Serrano ha asegurado que esta medida contribuiría a “empobrecernos” y a tensionar las rentas de los ciudadanos, además de dificultar la prestación de servicios públicos, sin abordar el impacto que tiene la falta de trabajadores en sectores esenciales para la economía.

El dirigente ‘popular’ también ha criticado la falta de una “posición contundente” contra esta regularización por parte de otros partidos, reforzando una estrategia política que ignora las demandas de los sectores que sostienen buena parte de la economía de Castilla-La Mancha. Mientras tanto, agricultores y empresarios continúan reclamando soluciones urgentes ante un problema que, lejos de resolverse, sigue agravándose campaña tras campaña.