Las diferencias entre el Partido Popular (PP) y Vox en materia de migraciones son ya casi inexistentes. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dio este miércoles la orden racista de boicotear la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno desde el Congreso de los Diputados, donde relacionó a las personas extranjeras con las violaciones, los robos y otros delitos. La delantera extremista, como siempre, ya se la había robado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la posición moderada, una vez más, se la ha apropiado su barón andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El líder ultraconservador alimentó los bulos de que ciudadanos con “antecedentes” podrán acogerse a la medida sin ninguna restricción, haciendo malabarismo al diferenciar entre “antecedentes policiales”, que no constituyen prueba de nada y serán estudiados caso a caso, y “antecedentes penales”, que ninguna persona podrá tener si quiere ser regularizada. Una afirmación capciosa en la forma y falsa en el fondo con la que el gallego pretende demonizar a los migrantes, pese a que su formación apoyó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha propiciado la regularización.

Feijóo ha dado un nuevo bandazo en su intento por portar alguna bandera y ha conseguido alinear a ocho Comunidades Autónomas del PP. Más allá de la siempre ultraderechista Comunidad de Madrid, quien ya había anunciado que acudiría a los tribunales para recurrir la regularización y ha boicoteado trámites que los migrantes necesitan para solicitarla, también se han sumado Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Galicia, Cantabria, Isla Baleares y Región de Murcia. De las que están bajo su dominio, Extremadura y La Rioja aún no se han pronunciado.

La que sí que ha descartado sumarse a la estrategia es Andalucía. Moreno Bonilla, envuelto en la campaña electoral de los comicios del próximo 17 de mayo, no quiere mancharse con la lucha de Feijóo por arrebatarle electorado a la extrema derecha de Santiago Abacal, a la que quiere reducir a mínimos en su región para revalidar la mayoría absoluta. El conservador andaluz ha optado por la opción de no pronunciarse, ignorar la polémica y seguir sonriendo en mítines y pueblos, buscando captar votos a través de la moderación.

Lo más probable es que, si reedita su victoria, Moreno Bonilla se sume posteriormente a los ataques a la regularización, más si finalmente depende de Vox. No obstante, ha optado por ponerse de perfil, por el momento; posición que representa un gran distanciamiento con la dirección nacional. Ni que decir en comparación con el PP de Ayuso, cuyo número dos, Alfonso Serrano, acudía este miércoles a los tribunales para dar cuenta de la filtración de un documento policial confidencial con el que pretendió, erradamente, defender a su jefa y relacionar a migrantes con delitos sexuales.

El resto de CCAA siguen a Ayuso

La estrategia iniciada por la presidenta de Madrid, que Feijóo ha terminado por asumir, ha sido asumida por el resto de autonomías de buen grado. El líder gallego, Alfonso Rueda, ha cargado contra el procedimiento seguido para la regularización, ha asegurado que no se ha escuchado a los territorios y no ha descarado acudir a la Justicia. En la misma línea se ha pronunciado su homólogo murciano. “Vamos a estudiar todos los aspectos y aquello que pueda ser susceptible de recurrirse en los tribunales lo haremos”, ha confirmado Fernando López Miras.

El gestor de la Región ha calificado la medida, además, como “un paso más en la imposición de la política migratoria del Gobierno”. Desde Valencia, el presidente del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca ya ha adelantado que su intención es recurrir la medida. Aragón, donde Jorge Azcón todavía no ha sido investido y requiere de los apoyos de Vox, también ha cargado contra la ganancia de derechos de los migrantes, que asegura que se ha realizado “contra las recomendaciones y advertencias de diversos organismos”. Baleares, con Marga Prohens, estudia el recurso judicial.

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