El Partido Popular de Madrid se enfrenta a un proceso judicial marcado por la acusación de haber tergiversado una nota policial para alimentar un discurso de criminalización contra personas migrantes alojadas en un centro de acogida en Alcalá de Henares. Conocido como ‘caso Alcalá’, pone el foco en la actuación de altos cargos del partido, entre ellos el secretario general y considerado como número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, y la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, cuya participación en los hechos ya ha sido destacada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Juicio abierto por este suceso, por el cual Alfonso Serrano prestará este miércoles declaración ante el juez. Una filtración que acumula una extensa secuencia de acontecimientos, entre los cuales, algunos de gran importancia ya han sido confirmados por la Audiencia de Madrid.
El origen de la polémica se remonta a enero de 2024, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vinculó públicamente a migrantes alojados en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares con supuestas agresiones sexuales, además de otros problemas de convivencia. Estas afirmaciones, realizadas sin pruebas, generaron una fuerte controversia política y mediática, especialmente después de que la Delegación del Gobierno desmintiera que existiera investigación alguna por este tipo de delitos relacionada con los internos del centro.
Lejos de rectificar, el entorno del PP madrileño reforzó ese relato. Al día siguiente de las declaraciones de Ayuso, Alfonso Serrano difundió en la red social X una imagen de una minuta policial correspondiente a una denuncia previa. En ella se recogía la declaración de una mujer que describía a su agresor como “joven de raza negra”, pero en ningún caso se hablaba de agresión sexual ni se vinculaba al supuesto autor con el centro de migrantes. Pese a ello, la publicación fue utilizada para respaldar las afirmaciones de la presidenta y sostener la narrativa de inseguridad asociada a la llegada de migrantes. De hecho, con ese post, Serrano respondía a otra publicación en la red social 'X', la que hacía elDiario.es y en la que el medio de comunicación exponía que "Ayuso vincula sin pruebas inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares".
Sin pruebas. https://t.co/wtM9G3buuE pic.twitter.com/hcwZp2yjKW
— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 18, 2024
La clave del caso reside precisamente en esa utilización de un documento policial interno fuera de contexto. La Fiscalía sostiene que la nota fue filtrada desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y que su difusión respondió a una estrategia para justificar políticamente las declaraciones de Ayuso. En este sentido, las investigaciones apuntan directamente a Judith Piquet como origen de la filtración. Según el Ministerio Público, fue ella quien ordenó obtener el documento policial y quien, directamente o a través de su equipo de comunicación, lo hizo llegar a Serrano.
El recorrido de los hechos ha sido reconstruido con detalle por la Fiscalía, que ha recabado testimonios de agentes policiales y documentación interna. Entre las pruebas figura incluso una grabación realizada por el jefe de la Policía Local, así como mensajes intercambiados con responsables municipales. Todo ello llevó al Ministerio Público a presentar una querella contra la alcaldesa y su director de comunicación por un presunto delito de revelación de secretos.
La investigación judicial avanzó hasta que, en agosto de 2024, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares acordó la imputación de Piquet y su jefe de prensa. A pesar de los recursos presentados por sus defensas, la Audiencia de Madrid avaló la investigación y fue especialmente contundente al afirmar que “no cabe duda de la participación en los hechos de D. Judith Piquet”. Esta resolución refuerza la tesis de que la filtración no fue accidental, sino parte de una actuación coordinada.
En este contexto, la declaración de Alfonso Serrano como testigo adquiere especial relevancia. El dirigente popular, considerado el número dos del PP madrileño y uno de los principales apoyos de Ayuso, es quien difundió públicamente la nota policial. Su testimonio resulta clave para esclarecer cómo llegó a su poder el documento y cuál fue su papel en la cadena de acontecimientos.
El caso también pone de relieve la dimensión política del asunto. No se trata únicamente de una posible filtración irregular, sino de la utilización de información sensible para construir un relato que, según denunció el PSOE en su querella, pudo contribuir a generar alarma social y a estigmatizar a un colectivo vulnerable. De hecho, la denuncia inicial ya advertía de la posible existencia de un delito de incitación al odio, al haberse difundido una interpretación distorsionada de los hechos con un claro impacto en la percepción pública de la inmigración.
