El acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) no gusta a ninguno de los estamentos académicos, que, entre el 13 y el 19 de abril, protagoniza una semana de movilizaciones para protestar contra la infrafinanciación crónica. El referéndum que celebra la Complutense (UCM) este jueves es uno de los puntos álgidos, pero la plataforma por la pública se ha topado con la censura interna.

La consulta no es vinculante, sobra decirlo, sino que constituye un acto simbólico para recabar el parecer del profesorado, el personal administrativo y de servicios y el alumnado, grueso de la comunidad universitaria que no ha sido consultado por los altos estamentos que se han plegado al recorte impulsado por el Ejecutivo de Ayuso. Sin embargo, los Decanatos de algunas de las facultades (Derecho, Económicas o Psicología) en las que van a situarse mesas de votación se han propuesto boicotear esta expresión inofensiva.

La cuna del conocimiento ejerciendo la censura contra sus propios integrantes alegando que el referéndum es “ilegal”. “Han prohibido y eliminado la publicidad que habíamos puesto”, lamenta una profesora e integrante de la Plataforma por la Pública de la UCM consultada por ElPlural.com. Los decanos contrarios a que la comunidad universitaria exprese su parecer de forma simbólica, adelantando que este será contrario a la decisión tomada por el rectorado, alegan que supondría “una vulneración de la seguridad jurídica y de la eficacia de la actuación administrativa, permitiendo vías de hecho ajenas al Derecho Administrativo”.

Al respecto, defienden que “la cesión temporal de espacios, cuya competencia recae en los Decanatos para espacios interiores y en el Rectorado para los exteriores, se encuentra supeditada a que la actividad sea compatible con los fines institucionales y no altere el normal funcionamiento de la docencia y los servicios”. Unas explicaciones vagas y sorprendentes, al tratarse de un referéndum interno y no vinculante, que terminan por relegar la libertad de expresión a una categoría inferior a “las directrices de las autoridades y la normativa vigente”.

Vulneración del derecho a reunión y manifestación

Desde la Plataforma convocante no salen de su asombro ante la justificación de algunos decanos para prohibir el referéndum, considerando que se estaría vulnerando los derechos de reunión y manifestación y de la libertad de expresión de la comunidad universitaria, consagrados por la normativa europea y española. Es más, recuerdan que la instalación de mesas y consultas está amparada por los citados derechos, teniendo los espacios universitarios una especial protección para el desarrollo de estos. Establecer obstáculos, en consecuencia, supondría una “vulneración de derechos fundamentales”.

“La convocatoria en nada afecta a las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno y al Rectorado, ni supone alteración alguna de los mecanismos institucionales de toma de decisiones. Como resulta obvio a todo el mundo, se trata de una consulta simbólica y no vinculante, que no pretende obtener ningún resultado jurídicamente válido, y que se realiza como una actividad más en el marco de las diversas concentraciones, movilizaciones y manifestaciones convocadas contra lo que consideramos un injusto Plan de Recortes aplicado por la Universidad Complutense y el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, defiende la Plataforma.

Por todo, los convocantes piensan seguir adelante con el referéndum y recuerdan que “el personal de seguridad tiene prohibido interferir en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales”. Es más, la plataforma advierte que se ejercerán “las acciones legales necesarias contra quienes den instrucciones que limiten el ejercicio legítimo de derechos durante la jornada, o ejecuten o participen de las mismas”. Responden así al intento de extender el miedo a la participación, que no piensan permitir.

“Se equivocan quienes piensan que vamos a mirar pasivamente a los injustificados recortes de nuestro derecho a la educación y de nuestro futuro”, insisten desde la Plataforma por la pública de la UCM. “Por ello, el referéndum sigue este jueves, la concentración el viernes, y el domingo la manifestación”, recuerdan otras citas, constatando que “la mejor defensa de nuestros derechos es ejercerlos”.

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