La esperanza de que el conflicto catalán pase definitivamente al ámbito de la política dominó los alegatos finales de los procesados en el juicio del Procés, dejado visto para sentencia por el tribunal presidido por Manuel Marchena. Las 52 sesiones celebradas en el Tribunal Supremo han representado la máxima expresión de la judicialización del contencioso entre el Estado y los independentistas, un episodio que poca luz ha aportado a los hechos juzgados. Las partes se han ratificado esencialmente en sus posiciones de salida, con algunas variaciones. La Fiscalía recrudeció las formas en su acusación final y las defensas se refugiaron en la desobediencia como trinchera segura frente a la amenaza de una rebelión o una sedición que en ningún caso se materializó en la proclamación de un nuevo estado.
Jordi Sánchez, diputado de JxCat, suspendido de funciones por la Mesa del Congreso y juzgado en su condición de ex presidente de la ANC, se lo dijo directamente al tribunal: “ustedes no tienen la solución al problema político, su responsabilidad es no agravarlo”. La sentencia puede empeorar o relativizar las circunstancias políticas y sociales creadas a partir del choque vivido en otoño de 2017 entre la unilateralidad y el ordenamiento constitucional pero no resolver el fondo del conflicto que en ningún caso corresponde al Tribunal Supremo. En esto coinciden la mayoría de las fuerzas políticas, salvo la derecha que cree que todo es una cuestión de orden público y aplicación del Código Penal.
“Devuelvan la cuestión a la política”, pidió el diputado también suspendido Oriol Junqueras, en su turno de alegación final. “Estamos a tiempo si nadie se enroca o se mete en un callejón sin salida”, aseguró el ex conseller de Justicia Carles Mundó a su vez. El diálogo es la apuesta unánime de los dirigentes pendientes de sentencia, y el primer paso sería a su juicio el retorno de la política a la política, aunque dicha devolución, en sí misma no garantiza el diálogo si se mantiene la prisión para los procesados.
No será fácil pasar página. La existencia de los presos ha dado lugar a “la socialización del dolor” a la que se refirió Sánchez y representan los lazos amarillos, este es el gran obstáculo para el restablecimiento de una confianza mínima para hablar entre las partes y para recuperar la normalización de la vida política catalana. Ninguna sentencia que no sea de inocencia va a solventar en realidad esta dificultad. La libertad de los encarcelados, estén en prisión preventiva o cumpliendo condena, es y será el único objetivo que mantiene unidos a los partidos independentistas y de hecho es también el único programa de gobierno de la Generalitat. La independencia puede quedar para otro día, pero la reclamación de la libertad es la gran urgencia del soberanismo.
El único que no comparte este objetivo político es el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, porque él no es un político sino un activista de la desobediencia civil. “La cárcel es el mejor altavoz para denunciar la falta de democracia en el Estado Español”, afirmó Cuixart, cuya prioridad, aseguró “no es salir de prisión, sino luchar por la solución del conflicto”.
El final del juicio ha aportado escasas novedades al relato inicial de acusaciones y defensas. La más notable por parte de la Fiscalía ha sido la de atribuir al gobierno de Carles Puigdemont la causa de toda la violencia que pudiere haber existido el 1-O, la de la policía y la de los muros humanos, a partir de las declaraciones de los mandos de los Mossos quienes sostuvieron haber advertido al presidente de la Generalitat de la probabilidad de actos violentos en el transcurso de la jornada del referéndum para hacerle desistir de su celebración. El minuto de oro de la vista oral lo protagonizaron sin duda el mayor Trapero y Manuel Marchena, cuando el primero se ratificó en las reuniones de advertencia de la cúpula policial con los máximos dirigentes de la Generalitat a preguntas del segundo.
Las defensas, con el abogado de Joaquim Forn a la cabeza, optaron por negar cualquier atisbo de violencia, salvo algunos incidentes de resistencia a la autoridad, resistiéndose a la acusación de rebelión con la alegación que poca cosa pudo haber más que desobediencia, atendiendo a la falta de concertación entre gobierno y policía autonómica. Los unos hacían política y los otros defendieron la legalidad. “Digan lo que digan ellos”, afirmó Xavier Melero, ni la Generalitat tenía capacidad para imponer cambios legislativos, ni sus clientes proclamaron la independencia ni se resistieron a la aplicación del 155. Mentirosos, tal vez, pero inocentes de rebelión, esta es la última trinchera de las defensas.
