La toma en consideración de la ley de amnistía se debatirá el próximo martes 12 de diciembre. Así se ha decidido en la Junta de Portavoces celebrada este mismo martes, cumpliendo, de esta forma, con el trámite acelerado que reivindicaban los partidos independentistas como moneda de cambio a la hora de entregar sus votos para que la investidura de Pedro Sánchez fructificase. Además, el próximo jueves, en una semana repleta de temas pactados en las negociaciones para la coronación del presidente del Gobierno, se debatirá sobre la apertura de tres comisiones de investigación en clave catalana: por el espionaje de Pegasus, por los atentados del 17 de octubre y por la operación Cataluña.

De esta forma, el Congreso de los Diputados da luz verde al inicio de la tramitación de la ley de amnistía apenas dos semanas después de la apertura solemne de las Cortes Generales en la XV legislatura. Arranca un trámite exprés, acelerado y dando cumplimiento a los requisitos de Junts y ERC que se topará, previsiblemente, con el boicot del Senado, que alargará durante el máximo tiempo posible -cerca de dos meses- la paralización de la tramitación de la ley que ha vertebrado la consumación de la mayoría aritmética que ha dado forma al gobierno de coalición PSOE-Sumar. 

Así mismo lo ha reivindicado el propio Miguel Tellado, flamante nuevo portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, quien ha tratado de poner frente al espejo a Pedro Sánchez con un ejemplo clarificador: "La primera ley de esta legislatura será la amnistía. Es una declaración de intenciones que muestra las prioridades, las verdaderas, del Gobierno de Sánchez. Esta legislatura no arranca con una ley social propia de un gobierno progresista, sino borrando las penas de una élite catalana".

"La ley de amnistía es inconstitucional: lo decimos desde el PP, lo decía el PSOE antes del 23J y lo dice todo el mundo", ha proseguido el portavoz parlamentario, asegurando, además, que el PP utilizará la primera sesión de control al Gobierno para preguntar sobre las reuniones en Ginebra y la figura del mediador internacional. "Esta legislatura, los españoles nos han implorado que seamos los defensores de la constitucionalidad", ha sentenciado Tellado.

A los pocos minutos, cruzándose en los pasillos de la entrada a la sala de prensa del Congreso, llegaba Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Fiel a su estilo, en tono socarrón y sin dar demasiada credibilidad a los argumentos previamente presentados por su adversario, el socialista recordaba que la ley de amnistía no será la primera aprobada por el Gobierno: "La primera ley emanada del Consejo de Ministros es la de paridad", recordaba. 

Sin entrar demasiado en la amnistía, López convertía su intervención en una reivindicación de la Constitución: "Esta legislatura servirá para avanzar en derechos reconocidos por la Carta Magna, como la vivienda, que debe ser un pilar frente a aquellos que venden vivienda pública a fondos buitre; como el derecho a la educación y sanidad pública frente a quienes privatizan; como a los sindicatos frente a quienes confrontan con ellos; como la convivencia frente a quienes buscan la confrontación", ha añadido, liquidando su comparecencia haciendo alusión a la negativa popular a renovar el CGPJ, caducado desde hace cinco años. "El PP se ha convertido en un partido ansistema", sentenciaba.

Los plazos

El primer gran debate parlamentario de la legislatura llegará el próximo 12 de diciembre. Tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, que obtuvo el voto en contra del Partido Popular, el texto se publicó en el Boletín de las Cortes y se remitió al Ejecutivo para que diera el visto bueno al debate, pues la Constitución concede al Gobierno la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria.

A Moncloa le han sobrado 27 de los 30 días que la ley fundamental concede para pronunciarse. El Gobierno comunicó su “conformidad” con la tramitación de la iniciativa prácticamente de manera inmediata, aunque se conocen respuestas aún más rápidas, como la proposición de ley que suprimió el delito de sedición. Toda vez conseguido el aval del Ejecutivo, la Junta de Portavoces decidió programar el debate sobre el articulado para el día 12.

A partir de ahí, PSOE y el resto de sus aliados allanarán el camino para la apertura de un primer plazo destinado a la presentación de enmiendas, aunque el Grupo Parlamentario Socialista, en consonancia con sus socios, han solicitado la tramitación por la vía de urgencia, lo que implica un tijeretazo de todos los plazos a la mitad.

Debate en enero y directo al Senado

Las prórrogas dependerán de la voluntad de los grupos, con la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por lectura única. Es decir, condensar el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un solo pleno sin la necesitad de pasar por ponencia o comisión. Esta vía facilitaría que la ley de amnistía estuviera aprobada antes de final de año, aunque por el momento no se contempla esta opción. Por lo tanto, en caso de no requerir la tramitación exprés, el bloque de la investidura sopesa que la Congreso habilite el mes de enero -inhábil en términos parlamentarios- para que discutir el articulado en ponencia y comisión.

Toda vez concluya el trámite en el Congreso, la ley llegará a su última -o penúltima- parada: el Senado. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y desde el primer minuto descubrieron su intención de dilatar al máximo los plazos. Al menos hasta alcanzar los dos meses de tope que establece la Constitución. De ahí regresará a la Carrera de San Jerónimo para su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor, lo que se espera que ocurra ya en la primavera de 2024.

Comisiones y primera sesión de control

Además de la ley de amnistía, la Junta de Portavoces ha acordado establecer el próximo 13 de diciembre como fecha para celebrar la primera sesión de control de la legislatura. Un pleno al que no asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que coincidirá con la comparecencia en el Hemiciclo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el marco de la crisis migratoria.

Asimismo, se espera que el jueves se inicie también el debate sobre la creación de las comisiones de investigación que el Partido Socialista acordó con los nacionalistas catalanes. Dos de ellas fueron registradas por Junts y con el respaldo del PNV, concretamente las relativas a los atentados que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, así como la conocida como operación Cataluña. En paralelo, Esquerra Republicana registró, junto a Bildu y BNG, otra comisión sobre el espionaje con el programa Pegasus.