El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cree que Cataluña va bien y si no va mejor es por culpa del Estado. En la presentación del balance de su primer año de mandato ha reclamado a Pedro Sánchez que acepte el derecho de autodeterminación como le pide “el mundo entero” y ha anunciado que se está preparando para dar respuesta al “juicio farsa”, junto con todos los partidos y entidades que aceptan tal derecho, que en su opinión apoya el 80% de los catalanes, los mismos que están en contra de la monarquía y rechazan  la judicialización de la política. En el PowerPoint de Torra todo cuadra con su percepción de la realidad.

La preocupación expresada por los empresarios convocados por el Cercle de Economía en Sitges el pasado fin de semana sobre las perspectivas económicas de Cataluña contrasta con el paisaje maravilloso pintado por Torra en la comparecencia de balance del primer año de su gobierno. Cataluña crece más que nadie en España, tiene menos paro que la media española, va de récord en récord en exportaciones y el número de empresas se incrementa a toda máquina, así que el año ha sido para el presidente positivo y contempla el futuro con optimismo.

La influencia de la política macro económica española en las cifras presentadas por Torra es inexistente en su discurso triunfalista; en toda caso, al estado y sus gobiernos, sean de la adscripción que sean, solo los tiene en cuenta a la hora de atribuirles la condición de lastres para Cataluña: por culpa el déficit fiscal (situado ahora según sus cálculos en el 8%), los incumplimientos en el pago de deudas, del déficit crónico de la inversión territorializada y  la tendencia recentralizadora de Madrid.

Torra es optimista, aunque vea lejos todavía la recuperación de la normalidad política debida a los males del 155 (la parálisis habría costado 1.800 millones), la judicialización y la represión permanente del estado, ahora que se acaba el juicio del TS centrada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El presidente persiste en la creación de un escenario de parte en el que nada de los sucedido en Cataluña se puede atribuir a los errores del Procés; por su silencio sobre el conjunto de causas que explican dónde está la política catalana desde hace unos cuantos años, se deduce que todo es sobrevenido por decisión del Estado.

A las clásicas confusiones interesadas en las que se ha refugiado el gobierno catalán para exigir al gobierno central que retome el diálogo en el punto que según él estaba (la discusión del ejercicio de la autodeterminación) antes de la convocatoria de elecciones generales, se le ha sumado una de nueva: la ONU le reclama al Estado español la liberación inmediata de los presos y la aplicación del derecho de la autodeterminación, obviando el carácter de comisión de expertos de los redactores del informe o la dificultad por incorporar el caso catalán entre los supuestos citados por Naciones Unidas como susceptibles de aplicarse el citado derecho.

Su apelación a una supuesta reclamación mundial para que Sánchez acepte negociar sobre este derecho, además de exigir a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a pedir la absolución de los procesados por el 1-O y su libertad inmediata, viene a completar otra confusión ya tradicional en el argumentario básico del independentismo: la existencia de un 80% de catalanes favorables a la autodeterminación, cuando en realidad este porcentaje corresponde a un totum revolutum de los partidarios de las diferentes modalidades de salir de la crisis catalana votando, sea un nuevo estatuto, una propuesta financiera o el estado propio, sea de forma pactada, legal o unilateral, vinculante o consultiva.

El presidente de la Generalitat tampoco ha dejado pasar la ocasión de promover la última tendencia en marketing independentista según la cual la propuesta de pacto que manejan PSC y Barcelona en Comú, a la que se apuntó Manuel Valls gratia et amore, para investir Ada Colau como alcaldesa de Barcelona sería una nueva “operación de estado” contra los intereses del soberanismo. En cambio, considera imprescindible una “respuesta de país” para asegurar un alcalde independentista en Barcelona, justo lo que pretenden impedir sus adversarios. A medida que se acerque la fecha límite, esta supuesta “operación de estado” podría ser descrita como de las “cloacas del estado” para atemorizar un poco más a los dirigentes de Barcelona en Comú.

Torra aseguró no sentirse un presidente provisional aunque insistió en que Carles Puigdemont seguía siendo el presidente legítimo y para sorpresa general substituyó las referencias a la “república catalana” por “el país”. Al país lo ve a punto para efectuar cambios republicanos en la vida de la gente, sin concretarlos, y a su gobierno lo considera preparado para el diálogo bilateral con el Estado (siempre para hablar de autodeterminación “porque yo no sé qué quiere el Estado para Cataluña”) y para alcanzar grandes consensos internos. Después de meses de olvido, el presidente de la Generalitat resucitó al fórum que prepara el debate del proceso constitucional, presidido por Lluís Llach, del que previno sobre importantes novedades.