La cuenta atrás a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo cada vez se hace más corta y, por ello, las fuerzas políticas cargan pilas y ultiman detalles para llamar a la ciudadanía al voto. No obstante, en algunos puntos del país se está detectando un fenómeno anómalo: el engrosamiento de la demografía de algunos municipios en vísperas de la cita en las urnas.

La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha detectado un total de 53 municipios en los que se han registrado altas masivas “significativas y no justificadas” en el Padrón, es decir, en el registro vecinal donde constan todos los habitantes, y justo antes de cerrarse el censo, el pasado 31 de enero.

Dichos registros no han sido justificados con claridad a los Ayuntamientos afectados y, tal y como recoge El País, este tipo de incrementos en el censo es habitual debido a la renovación de los alcaldes y al resto de miembros de las corporaciones. Es más. Conforme a las informaciones que publica El Español, el INE también ha señalado que los municipios que ha registrado en su listado de marzo se corresponden con “empadronamiento producidos mayoritariamente en diciembre y noviembre de 2022”.

Por su parte, la Junta Electoral Central, que se ha hecho cargo de la investigación de estos casos, según recoge el medio citado en líneas anteriores, ha reclamado a los Ayuntamientos que “informen sobre los datos que no cuadran”. En el momento en que se obtengan dichas informaciones, volverán a ser enviadas al INE para que la Oficina del Censo Electoral se encargue de tomar la decisión final, es decir, si dan por buenas las altas o, por el contrario, las anulan de inmediato.

Castilla y León, la comunidad autónoma más afectada afectadas

Siguiendo el listado que ha realizado dicho organismo, se desvela que son 44 pueblos de Castilla y León -de las provincias de Burgos y León-, cinco de Castilla–La Mancha -de Albacete y Cuenca-, dos en Galicia, uno en Andalucía y otro en Aragón. Todos ellos cuentan con una densidad poblacional muy baja, por lo que un mínimo aumento es fácil de detectar. El INE señala que no ha recibido los certificados de “residencia efectiva” de estas 53 localidades en las que se han detectado las subidas del censo.

Es más que notable que este fenómeno se está dando con más incidencia en Castilla y León, debido a que el resto de comunidades autónomas mencionadas registran cinco o menos casos. Cabe destacar así el ejemplo de Burgos, en los que constan hasta 20 municipios: Los Altos -en los que se engloban también las pedanías de Dobro, Escobados de Arriba y Villaescusa del Butrón-, Arlazón, Los Ausines, Los Barrios de Bureba, Carazo, Cebrecos, Condado de Treviño, Contreras, Estépar, Fresneda de la Sierra Tirón, Lerma, Merindad de Río Urbierna, Orbaneja Riopico, Padrones de Bureba, Tamarón, Valle de las Navas, Valle de Santibáñez, Valle de Sedano, Valle de Tobalina y, por último, Villagalijo.

Fijando la mirada en tierras manchegas, la polémica se ha vivido en Barrax, un pueblo de Albacete de menos de 2.000 habitantes. Y es que el PP argumentó que se inscribieron personas que no residen en el municipio, gobernado por el PSOE, aunque el Ayuntamiento rechazó las acusaciones tildándolas de falsas, sosteniendo así que las altas reflejadas en el padrón se realizaron siguiendo los procedimientos habituales y con total transparencia.

Desde el norte del país, por otro lado, y concretamente en Castrelo de Miño, un municipio de Ourense de 1.300 habitantes en el que gobierna el PP, el PSOE denunció que dos días antes del cierre del censo electoral recibieron 46 decretos de alcaldía en los que se dio luz verde a varias altas en el padrón. Y es que lo anómalo de esta situación es que hasta siete personas (sin parentesco entre ellos) se inscribieron en la casa del teniente de alcalde que lleva años inhabitada. Este caso también está bajo la investigación de la Junta Electoral Central, además de en la Fiscalía.