El caso de la Casa Popular Tres Lliris continúa trayendo cola. Eloi Badía, numero uno en las listas de Comuns Sumar en las próximas elecciones catalanas, se encuentra bajo la sombra de un amparo presentado por los vecinos de este casal en el barrio de Gràcia de Barcelona. La cesión del local le valió una denuncia por prevaricación y malversación de fondos, pues se hizo sin concurso público. La polémica continúa por el recurso de los vecinos ante el Tribunal Constitucional, sumado a las molestias que ocasionan las fiestas celebradas en el casal.
Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando el titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona aceptó investigar a Badia, actual diputado nacional, y entonces concejal del distrito de Gràcia, junto con cuatro funcionarios municipales, por presuntamente haber cedido a dedo un local en Gràcia a una asociación juvenil. Una comunidad de propietarios del barrio presentó una querella, que alegaba que dicha cesión provocaba muchos problemas de convivencia.
El recurso de amparo alega que “la justicia ordinaria ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos que residen cerca del Casal Popular Tres Lliris”. Los constantes disturbios y "la impunidad de la vivienda ocupada", son los argumentos presentados por los abogados de los denunciantes, que recuerdan al Tribunal Constitucional que, aunque la causa se archivó y la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el sobreseimiento, se estableció como "provisional".
Hasta 78 intervenciones policiales: los conflictos del casal Tres Lliris de Gràcia
Los vecinos destacan que, durante el mandato de Eloi Badia como concejal del distrito de Gràcia entre 2015 y 2019, se cedieron los locales de la antigua Comisaría de la Policía Nacional en Gràcia al colectivo okupa. Los residentes argumentan que el entonces concejal adaptó el espacio para el colectivo, que no cumplió con el pago del canon acordado con el Ayuntamiento de Barcelona. En la Casa Popular Tres Lliris se generaron hasta 78 intervenciones policiales por la celebración constante de fiestas, la mayoría sin permisos y que se prolongaban hasta altas horas de la noche generando mucho malestar entre el vecindario.
Además, los vecinos promotores de este recurso de amparo señalan que cuando se emitió una orden de cierre debido a los problemas de ruido y convivencia, el gerente del distrito, Rufino García, revocó esta orden y el concejal lo respaldó argumentando la intención de evitar un conflicto. El descontento entre los residentes es evidente, con muchos expresando su frustración por la falta de acción por parte de Barcelona en Comú para resolver los problemas del barrio. La inseguridad se ha convertido en una preocupación creciente, y con la sensación de estar desamparados.
