El PSOE se ha puesto manos a la obra para buscar cómo ilegalizar a la Fundación Francisco Franco y ha requerido a la abogacía del Estado que se pronuncie en un informe que determine su legalidad conforme a la legislación vigente y si ésta se atiene a los fines de interés general que establece en su artículo 3 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.

Para ello, los socialistas han registrado una moción para su debate en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta. En ella, el PSOE denuncia que la Fundación Francisco Franco “no solo no está dirigida a la defensa de ninguno de los objetivos citados en la Ley para la legalización de una fundación -los de la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, entre otros- si no que parece ir en contra precisamente de algunos de los más relevantes de los que se enumeran así como de la promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos o de fortalecimiento institucional”.

“No parece muy lógico -asegura el PSOE en su moción- que se adecue a la legalidad una fundación que enaltece y exalta la dictadura, proyecta su ideario sobre la sociedad española, y defiende la vulneración de los derechos humanos que llevo a término la dictadura de Franco”.

Por todo ello, el PSOE reclama que la abogacía del Estado determine si la Fundación Franco debe extinguirse como tal por no cumplir con los requisitos previstos en la ley, y por ser contraria a la Constitución y a la Ley de Memoria Histórica. Además, pide que se determine también si la Fundación incumple la legislación vigente con las actividades que está desarrollando en contra de que se cumpla la ley de Memoria Histórica.

Guardando secretos oficiales

La moción insta además a que sean los servicios jurídicos del Estado quienes establezcan si dicha Fundación está cumpliendo la legislación vigente en materia de Secretos oficiales en relación a la documentación que obra en su poder relativa al dictador y sus actividades, así como los archivos de la Guerra Civil y la Dictadura, y si cumple con los requisitos relativos a hacer público los archivos históricos y facilitar el trabajo de los historiadores, habiendo recibido dinero público de la Administración General del Estado, para la informatización y adecuación de los archivos obrantes en la Fundación.

Este punto es uno de los más comprometidos para el Gobierno de Mariano Rajoy ya que su partido y Ciudadanos mantienen bloqueada en el Congreso la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, firmada por Franco, y bajo la cual, como publicó El Plural, la Fundación puede mantener la custodia de dicha documentación clasificada como “secreta”.

En el supuesto de que la abogacía del Estado diera la razón al PSOE se instaría al Gobierno de Rajoy a que se lleven a cabo “todas las gestiones, acuerdos, y procedimientos en los tribunales, si fueran necesarios, para que las autoridades competentes procedan a ejecutar la extinción de la Fundación Franco”.

Finalmente, el PSOE pide también que se impulse la modificación de la Ley, incluida la reforma de la Ley Orgánica 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, “para declarar ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente fomenten, promueven o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo”.

Las víctimas ya lo pidieron

Cabe recordar que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya pidió el pasado agosto a todos los grupos políticos en el Congreso que cambiasen la ley de fundaciones que no puedan registrarse como tales aquella que promuevan objetivos contrarios a los Derechos Humanos o ensalcen a personas u organizaciones que hayan cometido o alentado violaciones de los Derechos Humanos, como es el caso de la Fundación Francisco Franco.