La dirección del PP daba órdenes a sus sedes regionales y locales para financiar de manera ilegal las campañas electorales y burlar la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Con ese fin se daba instrucciones gráficas a través de programas informáticos como el Power Point, según desvela este lunes el diario El Mundo.

Desde el Comité Electoral
Muchos alcaldes del PP aprendieron a financiar irregularmente sus campañas durante los años de la trama Gürtel. Los responsables del partido enseñaban a los dirigentes regionales y locales las directrices básicas para superar el límite legal de gasto sin ser descubiertos por el Tribunal de Cuentas.

Un archivo informático en el ordenador del exresponsable del Comité Electoral del PP en Madrid recoge en diapositivas las instrucciones para burlar al Tribunal de Cuentas, e, incluso, cómo tratar el tema con los empresarios donantes de fondos para que sus datos fiscales coincidieran con los del partido. El documento está fechado el 13 de enero de 1999.

Fondos privados
En las diapositivas se instaba a los cargos regionales y locales del partido a desviar los donativos privados a las cuentas corrientes ordinarias y camuflar gastos electorales, que no quedaban reflejados así en la cuenta oficial de campaña, que supervisa el Tribunal de Cuentas.

La dirección del PP explicaba a sus cargos que la cuenta corriente ordinaria de cualquier sede regional del PP se nutre de las “cuotas ordinarias y extraordinarias” de los afiliados así como de “extras” provenientes de “cenas, loterías y otras actividades organizadas por la formación”.


Como gastos ordinarios
Esos fondos, explicaba la cúpula del PP, sirven para “gastos ordinarios y de gestión”, como el alquiler de las sedes, la luz, el teléfono y el agua, “actividades del partido y personal”. Pero esos fondos no se pueden destinar para sufragar gastos derivados de las “elecciones”.

En esta diapositiva se alertaba a los cargos del PP de que antes de unas elecciones no se pueden abonar gastos de campaña. Por lo tanto, en el caso de hacerlo, debían encargar facturas falsas en las que no figurase  conceptos como “para la campaña” o “de campaña electoral”.