El PSOE de Madrid había solicitado el pasado mes de diciembre al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, encargado de los sumarios aún sin cerrar de la trama Gürtel, que registrara tanto la sede antigua como la nueva del Partido Popular en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Lo que querían los demandantes era que se investigaran los trabajos de adaptación de la sede, así como se elaborara una relación de bienes, facturas y justificantes de pago de los bienes muebles de las dos sedes.



Obras pagadas con fondos públicos
En su disposición el juez de la Mata rechaza la petición de los socialistas, personados en la causa, pero lo hace de una manera que resulta la peor posible para el PP, y es que viene a dar por confirmada la irregularidad en la financiación de las obras. En concreto, el juez dice que ya “existen en la causa elementos indiciarios que apuntan, en efecto, la posibilidad de que se utilizaran fondos públicos para la financiación de obras y actos del Partido Popular en Boadilla del Monte”.

Y explica que “la inspección ocular pretendida con la diligencia de entrada y registro no determinará, obviamente, la existencia de obras pagadas con fondos públicos, existiendo otros medios de prueba, disponibles en las actuaciones, para poder alcanzar tales conclusiones”.

Numerosos precedentes
El problema para el Partido Popular es que la investigación sobre Boadilla, en la que parece haberse centrado el juez de la Mata en estos momentos, devuelve a la superficie las informaciones, algunas de ellas ya en proceso, que fue acumulando el juez Ruz con anterioridad y que vinieron a mostrar como supuestamente la financiación pública y las irregularidades contables relacionadas con la Gürtel estaban ya tras la compra y/o adaptación de varias sedes del PP. Para empezar las de la propia sede nacional, en la calle Génova, pero también en otros lugares como Bilbao, Logroño, Palma o, también en Madrid, Pozuelo de Alarcón.

Prueba de que de la Mata está, como decimos, centrado en Boadilla es que además de este auto, y del que ya hemos informado, en el que solicita que comparezca a declarar el hombre fuerte de Cristina Cifuentes en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, este mismo martes ordenaba una serie de diligencias por petición de las fiscales que incluyen la petición de testimonio de hasta cinco nuevas personas relacionadas con una serie de contratos realizados por este Ayuntamiento, así como el requerimiento documental de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, del Ayuntamiento, y así como al propio Registro Mercantil y a la Agencia Tributaria.