“Porras contra urnas”, “llibertat presos polítics” o “self-determination is a right, not a crime”. Pancartas en estadios de fútbol, carteles desplegados en fachadas de edificios públicos o eslóganes en forma de tuit. El independentismo es conocedor de la importancia de conseguir instalar el relato secesionista a nivel internacional.

Mariano Rajoy se negó a presentar la batalla de las ideas que el tiempo histórico requería. El PP estuvo lento y trató de paliar los agujeros de la inoperancia política llamando a empresarios y políticos para que ejercieran de nexo entre dos bandos separados por el desdén mutuo. Relatores aparte, el otrora presidente del Gobierno, afincado en el despacho principal de Génova, recibió las críticas externas e internas por su poca iniciativa para el diálogo o la mano firme. Desde un bando recriminaron que el 155 llegó tarde y duró poco, desde la acera de enfrente echaron en cara la falta de diálogo y la utilización de la coacción única solución a un problema político.

La sentencia del Tribunal Supremo ha levantado las ampollas de nacionalistas españoles y catalanes. Las tres derechas, aquejadas, creen que el delito de rebelión fue una realidad. El soberanismo en las calles solo considera la absolución de cualquier delito como un triunfo.

Mientras Tsunami Democràtic  y los CDR organizan manifestaciones, cortan carreteras y tratan de bloquear Barcelona por tierra, mar y aire, Puigdemont se dirige a sus feligreses desde Bélgica, Pep Guardiola ejerce de portavoz nacionalista a ojos de la BBC y Quim Torra se viste de actor para denuciar els "collons" de Sánchez para no ponerse al teléfono; el Gobierno en funciones también entra a la batalla.

Entrevistas y reuniones desde el primer día

El Ejecutivo se ha dirigido a la sociedad en castellano, inglés, italiano, francés y ruso. Hasta siete miembros del Gobierno, desde la vicepresidenta Carmen Calvo al titular de Cultura, José Guirao, pasando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atendieron el pasado lunes a periódicos y televisiones de Europa y América Latina para explicar la posición del Ejecutivo ante una sentencia que ha tenido amplio eco en la prensa internacional. 

Pedro Duque, ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, ha dado el paso en la televisión rusa. Frente a las cámaras, ha reivindicado que “España tiene una democracia consolidada, de las mejores del mundo, y que la calidad de las instituciones españolas garantizan la convivencia, la seguridad y la legalidad”.

A nivel nacional, el propio Sánchez llamó a Casado, Rivera e Iglesias el día de la sentencia por la tarde para afrontar de forma común y unitaria este proceso. Dejando la puerta abierta a “tomar medidas excepcionales”, el presidente del Gobierno en funciones se mostró firme y alegó que el indulto no era una opción: “El acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento”.

Últimas declaraciones

El principal asesor diplomático de Pedro Sánchez, Jose Manuel Albares, se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno por explicar fuera de España lo que está sucediendo en Cataluña y ha concedido dos entrevistas a medios franceses donde, entre otras cosas, relata que el presidente catalán, Quim Torra, "es un presidente activista que hace tres o cuatro días estaba cortando una carretera" y que los manifestantes violentos están "usando menores" que, además, son "muy agresivos".

Albares, secretario general de Asuntos de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global en la Presidencia del Gobierno, ha acudido a la televisión BFMTV el domingo por la noche y a la emisora France Culture este lunes por la mañana.

"El Gobierno catalán, sabiendo que es minoritario en sus ideas independentistas, ha decidido usar la sentencia no como una oportunidad de pasar página y abrir un nuevo capítulo de diálogo y convivencia sino para ir a un enfrentamiento con la violencia que ustedes han descrito", ha dicho. Los 300 policías heridos, ha dicho, son muestra de la "violencia de los que se dicen manifestantes".

Albares ha dejado claro que el Gobierno no tiene ningún problema con las manifestaciones, un derecho recogido en la Constitución, pero sí ha avisado de que en los sucesos violentos hay "profesionales", también llegados de otros países de Europa, y de que están "usando a menores" que además son "muy agresivos". "Todo esto es inaceptable para los catalanes", ha remachado.

Los españoles observan los movimientos de los partidos. La sentencia del Tribunal Supremo se ha colado en la precampaña y su repercusión, nacional e internacional, será muy tenida en cuenta por los principales actores del lienzo electoral de cara al convencimiento de sus posibles votantes el próximo 10 de noviembre.