El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha decidido apuntarse a la más que generosa pensión que da el alto tribunal a sus exmiembros, tal y como recoge la propia web del TC.

En concreto, el magistrado tiene derecho a percibir, al cesar en el cargo, una pensión de importe igual al 80% del sueldo de su cargo durante un máximo de 24 meses, tal y como recoge la disposición adicional quinta de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987.

El sueldo del presidente del Tribunal Constitucional lo marcan los presupuestos de cada año, pero, teniendo en cuenta los actuales, Pérez de los Cobos percibiría cerca de 100.000 euros en un año, más que el sueldo del presidente del Gobierno, por no hacer nada.

Podría elegir trabajar

Este derecho al que tienen acceso, en mayor o menor medida, todos los miembros del Tribunal Constitucional, resalta en el caso del expresidente nombrado por el Partido Popular, ya que Pérez de los Cobos tiene plaza como catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, puesto en el que podría volver a ejercer como docente si quisiese.

Esperando puesto en Estrasburgo

Pero parece que Pérez de los Cobos no rentabilizará los 24 meses de esta suculenta pensión ya que, según publicó en exclusiva ELPLURAL.COM, el Gobierno de Mariano Rajoy le viene preparando desde hace meses un retiro dorado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En el Consejo de Ministros aprobó en febrero las pautas para la elaboración de la terna de candidatos de las que debe salir el juez español para este tribunal y, entre ellas, se coló una que no tenía precedentes: los candidatos que presente España deben tener menos de 61 años, con la excusa de que pudiese cumplir los nueve años de mandato antes de cumplir los 70, momento en el que es obligatoria la jubilación.

Esta norma estaba hecha a medida para impedir que saliese elegida María Emilia de las Casas, primera presidenta mujer del Tribunal Constitucional designada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que tenía todas las papeletas para este cargo.

 

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Pero en mayo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló esta norma después del recurso de Jueces para la Democracia, considerando el Supremo que lo único que existe sobre el cargo en Estrasburgo es una recomendación, ni siquiera obligación, de que estos magistrados estén cinco años en el cargo.

Esta decisión, pese a ser un revés al Gobierno, no afectó en su objetivo final para con Pérez de los Cobos ya que María Emilia de las Casas ya ha sido nombrada miembro del comité para el control de la financiación de los partidos y fundaciones europeas después de que el Gobierno español, tal y como informó ELPLURAL.COM, se dirigió a las autoridades europeas para retrasar seis meses el nombramiento del sustituto español para el TEDH, aunque la magistrada había manifestado a su entorno su intención de presentar al tribunal de Estrasburgo.

Un juez del PP y con mercantiles

El historial de Francisco Pérez de los Cobos para que el Gobierno del Partido Popular se tome tantas molestias con su nombramiento no tiene desperdicio. El magistrado fue el primer miembro del Tribunal Constitucional en, al llegar al cargo, encontrarse afiliado a un partido político, al Partido Popular.

Además, Pérez de los Cobos era administrador único de una sociedad mercantil denominada “Labour Prospectives, SL”. Ambos datos también fueron ocultados en el currículum que el PP distribuyó a los miembros de la Comisión que debía votar su idoneidad para el TC.

Este último cargo lo ha mantenido pese a su completa incompatibilidad para el presidente del TC "con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles" que exige el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así se demostró cuando se conoció que el 30 de junio de 2016 el, por entonces, Presidente del Tribunal Constitucional se desdoblaba en su trabajo para ejercer como administrador único de la citada sociedad y así poder firmar el acta de su junta universal y ordinaria en la que se aprueban las cuentas del año 2015 para su posterior depósito en el Registro Mercantil