El gobierno español, según ha sabido ELPLURAL.COM en fuentes judiciales, se ha dirigido a las autoridades europeas para retrasar seis meses el nombramiento del sustituto español para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. La maniobra favorece al actual magistrado, Luis López Guerra, que nombró el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero está muy lejos de ser altruista. Más bien, todo lo contrario. Está diseñada con múltiples finalidades.   

Una deuda personal con Pérez de los Cobos

En primer lugar está el compromiso de Mariano Rajoy con el antiguo militante de su partido, el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. El compromiso es que del alto tribunal español, Pérez de los Cobos salte al Tribunal Europeo, un retiro económica y profesionalmente envidiable. Qué menos pago para el padre espiritual, por ejemplo, de la actual reforma laboral.  

Pero más allá de cumplir con deudas personales, Rajoy busca que la salida del actual presidente del Constitucional, como por cierto la de otros altos cargos, por ejemplo la del presidente de RTVE, que deben producirse de manera relativamente inmediata, esté muy controlada para evitar oleaje.

Una sucesión atada y bien atada

En el caso de Pérez de los Cobos, y dada la situación de debilidad en la que se mueve el gobierno en minoría, el peso de su cargo resulta aún más crucial si cabe. Por el Constitucional tienen que pasar aún decisiones de enorme calado político. Desde el tema Cataluña, hasta una hipotética, y pendiente desde hace años, resolución sobre el recurso que el propio PP presentó contra la ley del aborto que se promovió en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidemos que el Presidente del Constitucional es quien en último caso tiene en su mano la agenda de temas que van al pleno del Alto Tribunal.

Pero además, la prórroga de seis meses en el puesto de ‘destino’ de Pérez de los Cobos permite al gobierno pastorear con mayor tranquilidad su sucesión. En principio, en fuentes jurídicas se da por hecho que la apuesta de Mariano Rajoy y los suyos está en Andrés Ollero. Un magistrado extraordinariamente conservador, en política y, dado su carácter de miembro del Opus Dei, aún más en el campo religioso, que además aporta la guinda de haber sido durante nada menos que 17 años diputado del propio PP.

Pero precisamente su perfil, tan conservador, y también su edad, camino de los 73 años, podría dificultar su elección, para la que es necesaria la aceptación del PSOE. En ese sentido, en Moncloa quieren jugar con un colchón de tiempo, que los seis meses que Rajoy ha pedido de reserva de plaza en Estrasburgo, se presentan como una gran ventaja.