El diálogo entre los partidos catalanes se inauguró con unas expectativas mucho más modestas que las conversaciones del gobierno central con la Generalitat, de por sí ya muy limitadas a la normalización de las relaciones autonómicas. La mesa de líderes parlamentarios convocada por el presidente Quim Torra, poco entusiasmado por tener que cumplir con un mandato parlamentario impulsado por el PSC, superó casi milagrosamente su primera reunión, dejando fundadas dudas sobre su continuidad y el mismo sentido de mantenerla. No hay ánimo en Cataluña para los consensos, todavía.

Nadie podía pensar que la primera reunión tras años de virulentos ataques cruzados entre todos podía producirse el más mínimo avance, salvo expresar una voluntad firme de continuarlas para no profundizar en el deterioro indiscutible de las relaciones políticas entre partidos catalanes. Frenar el declive de la convivencia parlamentaria para tantear la existencia de un espacio proclive a la recreación de algún consenso de futuro para el país son dos objetivos que requieren tiempo y predisposición a modificar posiciones enquistadas en la polarización. En la primera sesión hubo poco de eso y mucho de matraca de lo ya sabido, justamente lo que empujó el conflicto hasta donde ha llegado.

Albert Batet, portavoz de JxCat, describió perfectamente la visión del diálogo existente en su grupo y en el Palau de la Generalitat: “el núcleo del conflicto es el ejercicio del derecho a la autodeterminación”, dijo, además de reprochar a Miquel Iceta que no asegurara “que el Gobierno no volverá a aplicar el 155”.  El bucle de la injusticia (no habrá nada de qué hablar en serio mientras los dirigentes sigan en la cárcel o no sean declarados inocentes) domina el pensamiento político del independentismo hasta condenarlo a la parálisis, impidiéndole cualquiera otra reflexión sobre las causas de la situación actual o los mínimos a consensuar para avanzar hacia alguna dirección.

No hay ninguna propuesta nacional que pueda obtener en estos momentos la mayoría cualificada del Parlament, esto quedó claro en la reunión, en la que, probablemente, había más asistentes esperando el fiasco que el éxito de la misma. Tampoco la propuesta de un nuevo Estatut presentada por los socialistas despierta ningún interés en sus adversarios por considerarla una pantalla superada, aunque en los últimos tiempos, el procesismo ha hecho avanzar o retroceder las pantallas a antojo de sus necesidades.

Todo apunta a que PSC y Comunes van a quedarse solos, muy pronto, en la reclamación de un diálogo sobre cómo articular una propuesta ambiciosa para el autogobierno a partir de una reforma constitucional. Entre los dos partidos no suman la fuerza política necesaria para romper la dinámica de los bloques instalada en el Parlament, a menos que en algún momento ERC se decida a implicarse abiertamente en este objetivo.

El gobierno catalán desacreditará todo diálogo en Cataluña que no le sirva para crear un frente político contra el Estado con el que justificar su fracaso unilateral y mantener viva la perspectiva del referéndum de autodeterminación. La oposición Ciudadanos-PP no participará en conversaciones con los independentistas que no tengan por objetivo recoger los términos de su rendición incondicional y la renuncia a su proyecto soberanista.

Ciudadanos y PP ni siquiera aceptaron participar en la reunión para hablar entre todos. Formalmente, denunciaron la iniciativa como un intento de sustraer el debate en el Parlament, un argumento poco sólido a la luz de la historia de la política. Mucho más creíble resulta para explicar la ausencia, referirse al interés de la derecha constitucionalista por no aparecer en ninguna circunstancia en disposición de dialogar con el independentismo, alimentando de esta manera las críticas a PSC (y PSOE) y a los Comunes (y Podemos)  por un supuesto margen de connivencia con quienes quieren destruir España, reservándose para ellos el papel de cruzados en la defensa de la unidad española.