El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y sus concejales de Zaragoza en Común (Podemos, IU y otras confluencias) han sido acusados por un presunto delito de prevaricación en los ceses y nombramientos realizados en 2016 en diversas sociedades municipales.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza es el que lleva la investigación y podría llegar a citar a la corporación municipal por expulsar a parte de los representantes de la oposición en diversas empresas públicas y por cesar al que fuera gerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, así como nombrar a su sucesor, Joaquín García Lucea, según la denuncia, sin atacar las exigencias legales.
La querella fue presentada por el propio Portero, cuyo cese se produjo el pasado febrero después de muchos encontronazos con el Gobierno municipal, la cual denunció en 2016 por supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad, caso que al final fue archivado. Tras esto, el alcalde intentó destituir al gerente de Ecociudad, pero la oposición tenía mayoría en los consejos de administración de las sociedades municipales y se impidió.
Tras esto, Santisteve y su equipo destituyeron a los consejos amparándose en recién aprobada ley de capitalidad, que daba al Gobierno municipal la potestad de constituirse en junta general de sociedades y decidir quiénes formaban parte de los consejos. Hecho esto, destituyó a Portero.
La denuncia asegura que las actuaciones del Consistorio tuvieron un carácter penal, ya que no se modificaron los estatutos de las sociedades con carácter previo, como así lo señalaban los propios informes jurídicos del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento se defiende
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, a preguntas de ElPlural.com por el asunto, han insistido en que en ningún momento han sido imputados y que el juzgado sólo ha requerido lo expedientes de nombramiento del actual gerente de Ecociudad y de modificación de estatutos de la sociedad. En dichos informes, aseguran, se verá que la modificación de los estatutos se corresponde a lo que marca la Ley de Capitalidad y que el nombramiento de Joaquín García Lucea como gerente se hizo por el mismo procedimiento que el de Portero y por unanimidad de todos los miembros que asistieron.
También, desde el Consistorio insisten en que los estatutos modificados de las sociedades municipales han sido avalados por el registro mercantil, notario mediante.
Portero era un cargo de alta dirección, de confianza nombrado hace 15 años por el anterior gobierno y que actualmente no contaba con la confianza del actual equipo de gobierno, siendo la oposición en Ecociudad quien bloqueó su cese.
Tras aplicarse la Ley de capitalidad y poder ser cesado, Portero optó por jubilarse al estar próximo a cumplir los 70 años. Su malestar por la decisión no la ha ocultado y, además de esta querella penal.
