La Fiscalía y la Policía se encuentran investigando a dos altos cargos del Partido Popular de Fernando López Miras en Murcia -Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla- por una presunta trama corrupta en la Autoridad Portuaria de Cartagena, concretamente, por haber podido amañar un total de siete contratos públicos y empleos para favorecer a varias empresas, según ha adelantado El Confidencial.
Según recoge La Verdad, el escrito presentado por la Fiscalía habla de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos por parte de los dos cargos de los populares.
¿Quiénes son los altos responsables del PP?
Yolanda Muñoz es la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y Antonio Sevilla, ex presidente del organismo, son los dos cargos implicados en la denuncia.
La primera fue secretaria de la Consejería de Educación y Cultura desde 2015 a 2019, además de ex directora general de Territorio y Vivienda de la Comunidad. Además, asumió la presidencia de la Autoridad Portuaria gracias al apoyo del Ejecutivo de López Miras.
Mientras que el segundo fue el encargado de dirigir la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio entre 2011 y 2014, siendo elegido también como presidente del mismo organismo aupado por el anterior Ejecutivo de Alberto Garre, también del PP.
Más cargos implicados en la trama de Cartagena
No obstante, Muñoz y Sevilla no son las únicas personas implicadas en la trama corrupta, tal y como señala la querella instruida por el fiscal anticorrupción. De este modo, se incluye a otros cargos de las empresas que habrían recibido beneficios, tales como la administradora de la empresa de recursos humanos Barraise SL, S. G. B.; el consultor de la mercantil de innovación tecnológica Sopra Steria España SA, F. C.; y a la jefa de Innovación del Puerto, P. E. G., que también sería accionista de la consultora Estrategias y Desarrollo Financiero SL.
Lo cierto es que la investigación que pesa sobre el PP de Murcia se remonta a principios de 2022, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en la Autoridad Portuaria por una denuncia anónima.
Muñoz, por entonces presidenta del organismo, explicó que los agentes pidieron contratos “menores”, por lo que les dieron “poca importancia”. La UDEF citó a varios testigos que pudieron haber participado en los hechos que estaban bajo investigación con el objetivo de aclarar lo que sucedió.
