El cobro de la indemnización estaría justificado de manera legal, según el sucesor de Dívar al frente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que ha dicho, en declaraciones recogidas en El País, que “es una cuestión reglada por la ley en la que no podemos hacer otra cosa” y que un informe del servicio de estudios elaborado a petición de la Comisión Presupuestaria concluye que “Dívar cumple los requisitos”.

Margarita Robles y otros vocales, en contra
Sin embargo, algunos vocales no coinciden con ese criterio. La vocal progresista Margarita Robles cree que Dívar no debe cobrar la indemnización porque su cese fue voluntario, y otros consejeros no consideran que la ley establezca que un cargo que ha dimitido tenga derecho a ese tipo de pensión, que consiste en la percepción del 80% del total de los salarios de dos años. El informe del Consejo precisa, no obstante, que la ley no condiciona la posibilidad de cobrar la indemnización a las causas por los que el alto cargo deja su puesto.

Polémica generalizada
La polémica alrededor de Dívar, tras conocerse los detalles de sus viajes de fin de semana pagados con fondos públicos sin que pudiera justificar que tuvieran un fin oficial saltó el Consejo del Poder Judicial a la clase política y también a la calle: el hecho de que la máxima autoridad judicial del país malversara, presuntamente, dinero público, indignó a buena parte de los ciudadanos.

Una iniciativa ciudadana reclama firmas
Este viernes, se ha hecho pública una iniciativa en la Red para protestar contra el posible cobro por Dívar de la indemnización que solicita. En la página creada para ese efecto, se expresa que “pocas cosas pueden crear tanta alarma social como que un corrupto probado vaya a recibir ni un céntimo de dinero público tras malversar fondos públicos”, y se hace una petición de firmas.

Llamazares cree que sería escandaloso
Ayer, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares declaró a EL PLURAL.COM que si el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba la indemnización como alto cargo para el expresidente Carlos Dívar antes de que se manifieste el Tribunal de Cuentas sobre sus gastos de viaje, “sería inaceptable y escandaloso”.

Según consideró Llamazares, el hecho de que el CGPJ “de luz verde a la indemnización de Dívar es un escándalo que abunda en el análisis de que el problema no era sólo un problema de manga ancha personal, de irregularidades del expresidente, sino que es un problema más profundo que afecta al propio Consejo General del Poder Judicial”.