El grupo de Compromís en el Senado ha presentado una iniciativa para que se regule la colocación de las placas conmemorativas que se usan al finalizar una obra pública pagada con dinero pública, para que se evite “a partir de ahora una atribución patrimonialista del gestor o gestora, políticos de turno".
La moción reclama que se retiren, de manera inmediata y de todas las dependencias e infraestructuras que dependan del Estado, de las placas donde figuran dirigentes condenados por corrupción. El senador Carles Mulet ha culpado a los casos de corrupción de la desafección de la ciudadanía con los políticos y la idea que algunos dirigentes tienen de su cargo, entendido como un privilegio que sitúa al político por encima del pueblo.
"Encarcelados ahora mismo"
"Hay en nuestras comarcas cientos de placas de alcaldes, presidentes de diputaciones o consejeros investigados por hechos muy graves o que se encuentran encarcelados ahora mismo por no ser personas modélicas e incumplir muchas leyes que prometieron respetar y hacer cumplir. Por ello entendemos que no se merecen figurar en ninguna placa dorada y ni siquiera hacer constar la apertura o inauguración de una obra vinculándola a ningún nombre en concreto, sea del partido que sea", ha señalado Mulet.
Según explican desde Compromís, la decisión política de elegir qué obras se han de desarrollar no supone ningún mérito que haya de ser reconocido. Más aún, hay veces que “es un error, cuando no una razón para cosechar “comisiones que retornan al partido o los políticos, -como los casos lamentables de los 3%, el caso Taula, Gürtel- o hinchar los precios de las adjudicaciones para sacar una buena comisión”.
El partido valenciano cree que la práctica es un insulto a los contribuyentes, quienes, con sus impuestos, son los verdaderos responsables de las obras. Y preferirían que fueran los ciudadanos quienes inagurasen “sin alboroto” las obras públicas cuando se ponen en funcionamiento, “sin generar más gastos públicos”. “Las placas deberían limitarse a las imprescindibles y contener información útil, pero obviando en todo caso a los representantes políticos, que son simples gestores públicos que ya cobran por hacer ese trabajo”, concluyen.
