La derecha política y mediática está aprovechando la recta final de la campaña para agitar los fantasmas del pucherazo electoral, a raíz de las diferentes denuncias por incumplimiento de la ley electoral que están saliendo a flote en los últimos días. Aunque el número de denuncias conocidas asciende ya a 16, sigue siendo un número muy inferior al que se registró en las elecciones de 2019: 65. Sin embargo, en esta ocasión, el tema está ocupando más espacio en las agendas periodísticas y políticas, especialmente en las de la derecha y la extrema derecha, a pesar de que el número de infracciones haya sido mucho menor que en los anteriores comicios.
De acuerdo con estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, en los comicios celebrados hace cuatro años, se registraron hasta 65 delitos contra la Ley Orgánica de Régimen Electoral, siendo Andalucía la región en la que más se produjeron, con 15. Canarias ocupó el segundo puesto con 10, Castilla y León cerró el podio con 7, y Madrid y País Vasco registraron 6 delitos cada una.
Melilla, cuyo voto por correo está siendo investigado al detectar una presunta red de compra venta de votos para las elecciones municipales de este domingo, registró cinco infracciones en los comicios de 2019, de la misma manera que en Mojácar (Almería) y en Murcia, donde se han practicado también detenciones por las mismas presuntas irregularidades que en la ciudad autónoma fronteriza con Marruecos.
A su vez, Interior contabilizó también otros cuatro delitos contra la ley de régimen electoral en 2019 en Galicia y Castilla La-Mancha; tres en la Comunidad Valenciana; dos en Aragón y Asturias, y uno en Extremadura. Un montante total de más de 65 infracciones, cuatro veces más que las que se han registrado este año. Sin embargo, en esta ocasión se ha dado mucho más espacio mediático y relevancia a estos sucesos, como parte de la estrategia mediática y política de la derecha y la extrema derecha de escalar el discurso y cuestionar los valores democráticos, una misión emprendida principalmente desde el PP madrileño y a la que la dirección nacional del partido y Vox se han sumado con celeridad.
Cómo funciona la legislación alrededor de la compra de votos
Las infracciones a la ley electoral que se están registrando en esta recta final de campaña están relacionadas con la presunta compra de votos. Al respecto, la Ley Orgánica de Régimen Electoral establece la ilegalidad de vender y comprar el voto, ya que el mismo ha de ser libre y secreto, y no estar coaccionado ni mediar un obsequio. El artículo 146 de dicha legislación castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel a aquellos que "por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o le induzcan a la abstención".
Aunque el considerado autor del delito es el comprador, tampoco está permitida la venta del voto. El vendedor puede ser considerado como cómplice o cooperador necesario del delito, aparte de poder ser imputado por otras infracciones en el marco de tramas más amplias como el blanqueo de capitales o la organización criminal.
El PP, el partido más denunciado por esta práctica
De las dieciséis denuncias conocidas hasta la fecha, el Partido Popular es el que acumula el mayor número de infracciones, con hasta diez municipios bajo el foco. ElPlural.com ha elaborado un mapa en el que pueden consultarse todas ellas:
Almería:
- Mojácar: PSOE
- Carboneras: PP
Huelva:
- Villalba del Alcor: PP
- Valverde del Camino: PP
Córdoba:
- Córdoba: PP
Melilla:
- Melilla: Coalición Por Melilla
Murcia:
- Albuidete: PSOE
- Mazarrón: PP
Alicante:
- Finestrat: PP
- Bigastro: PP
Cáceres:
- Casares de Las Hurdes: PP
Ciudad Real:
- Pozuelo de Calatrava: PP
Canarias:
- La Gomera (en investigación)
- Arona: PSOE
Castilla y León:
- Moraleja de Sayago: Zamora Sï
- Astorga: PP
