Las recientes perspectivas que el ex presidente del Gobierno Felipe González y su vicepresidente Alfonso Guerra están brindando sobre la situación de la amnistía en Cataluña resulta llamativa si se tiene en cuenta lo que ocurrió con Jordi Pujol y la Banca Catalana durante su mandato. Guerra ha señalado que "la amnistía es la condena de la Transición" y ha pedido que "no se lleve a cabo que no la hagan porque es muy grave", y González ha transmitido en reiteradas ocasiones su rechazo a la amnistía. Sin embargo, cabe recordar que Jordi Pujol fue sobreseído del caso Banca Catalana en lo que se recuerda como un claro caso de trato de favor con motivaciones políticas.

Convergència i Unió (CiU) fue un importante agente negociador en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de 1993. Por aquel entonces, Felipe González tuvo que dialogar con Jordi Pujol para poder ser presidente, en lo que ya era una relación conocida porque González puso esfuerzos y recursos en abordar los problemas del desarrollo autonómico de Cataluña. Se trataba de una relación mutuamente beneficiosa: el desarrollo autonómico le aseguraba al PSOE el apoyo parlamentario, y viceversa. Unos cimientos que ya venían de lejos.

En 1984, Banca Catalana, entidad fundada por la familia de Jordi Pujol y con la que el mismo tenía una estrecha vinculación, quiebra, y las cuentas del político catalán y las de la propia entidad fueron investigadas. La Fiscalía General del Estado incluyó a Pujol en la querella contra los directivos de Banca Catalana, y en junio de 1986, los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo presentaron la petición de procesamiento de los dieciocho antiguos consejeros, entre los que se encontraba Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público y mercantil y maquinación. 33 magistrados votaron en contra de procesar a Jordi Pujol mientras 8 lo hicieron a favor.  

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona decretó en 1990 el sobreseimiento definitivo de la acusación contra Pujol, a pesar de reconocerse que la gestión había sido "desastrosa". 30 años después de aquella quiebra, en 2014, Felipe González fue acusado por el ya entonces exfiscal Carlos Jiménez Villarejo de ser "cómplice y encubridor" de la mala gestión del dirigente autonómico al no haber trasladado la causa a Madrid. 

“Se creó un clima de impunidad en torno a Pujol. Parecía invulnerable ante la justicia. Además, resulta difícil creer que ninguno de los miembros de los gobiernos de CiU no supieran nada del patrimonio oculto de Pujol en paraísos fiscales, que el equipo dirigente de Convergència Democrática ignorara esta realidad", expresó Villarejo a elDiario.es en su día.

"Hubo silencios calculados, complicidades y un plan premeditado para permitir que CDC fuera un instrumento de enriquecimiento de sus dirigentes y su presidente en particular. Fue una jugada indigna y antidemocrática que hace que CDC no merezca, a estas alturas, ninguna confianza. Y me sorprende que haya partidos de izquierda que estén pactando con CDC acuerdos relacionados con el proceso soberanista”, expuso también.

En definitiva, de los irregulares procesos judiciales, de estas declaraciones y de las relaciones parlamentarias de décadas pasadas se extrae que existieron maniobras por parte de Felipe González desde la Moncloa para que la querella contra Pujol perdiera fuerza por mero interés político, es decir, para beneficiarse de la gobernabilidad que CiU ostentaba en aquellos contextos. Por ello, es por lo que sorprende especialmente que ahora, tanto González como Guerra, muestren una oposición tan ferviente a las negociaciones entre el Gobierno y los políticos independentistas en el marco de la amnistía y de una posible investidura de Pedro Sánchez.