En la mañana de este martes nada parecía indicar que el Congreso pudiera acordar la tramitación de una Proposición de Ley para considerar parte de la Economía Social a bares, restaurantes y pequeños comercios de la España vaciada. Mientras EH Bildu tildaba esta iniciativa -impulsada por Teruel Existe- de "peligrosa", el resto de las formaciones aseguraban estar estudiándola sin adelantar el sentido del voto que por la tarde se iba a producir. "No tiene tiene pinta de que vaya a salir", se ha podido escuchar en los pasillos de la Cámara Baja. Pero a las 15:00 pm, el pleno dio la sorpresa y finalmente ha decidido dar luz verde a la toma en consideración de esta propuesta, que va a suponer entrar a valorar la acción social de estos establecimientos en pueblos de menos de 200 habitantes para que se beneficien de ayudas. Eso sí, no será fácil.

Los bares, como Economía Social

El Pleno del Congreso ha aprobado con una holgada mayoría la tramitación parlamentaria de una Proposición de Ley planteada por el Grupo Mixto, concretamente Teruel Existe, para considerar entidades de la llamada economía social de nuestro país a los bares, restaurantes y pequeños comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes. La iniciativa abre la puerta a equiparar estos establecimientos que operan sobre todo en la España vaciada con cooperativas, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo o sociedades agrarias y pescadoras, entre otras muchas, con el objetivo de que se puedan beneficiar de igual forma de incentivos, beneficios fiscales y ayudas públicas en pro de su supervivencia.

Precisamente este es el argumento principal que esgrime la formación liderada por Tomás Guitarte para presentarla, asegurando en la exposición de motivos del texto que los servicios básicos que se prestan de manera privada están desapareciendo en las localidades más pequeñas y que muchos municipios de menos de 200 habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar o comercio de alimentación. "Estos establecimientos, especialmente los bares, suelen actuar también como centro social de convivencia y encuentro para la comunidad local, entre la gente del municipio, dado que no existen otros servicios de ocio, cultura o restauración", afirman en el escrito. Una propuesta que ha obtenido el visto bueno con amplia mayoría: 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones.

Teruel Existe apunta a la despoblación

Además, el partido insiste en que la norma va al centro de las resoluciones para luchar contra la despoblación que muchas zonas de nuestro país están experimentando y se refieren a estudios académicos que sostienen que en aquellos municipios donde se cierra un bar o pequeño comercio, la caída de la población avanza mucho más rápido que donde se mantienen abiertos. "Más de 140.000 personas en España residen en municipios que carecen del servicio social que ofrece un bar. (...) Los estudios indican que estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Por contra, está socialmente aceptado que un pueblo está sentenciado cuando cierran la escuela y el bar", indican en la proposición.

Por ello, reclaman al Estado que facilite la sostenibilidad financiera y empresarial de estos establecimientos, "compensando el servicio social" que estos prestan "a la cohesión territorial" y "al bien común". Así lo ha argumentado el propio Guitarte durante el pleno, donde ha sostenido que es necesario reconocer "la función social" que están realizando estos comercios en los pequeños municipios con la cohesión social en el centro de la mira. "Los espacios de convivencia y socialización son importantes en cualquier lugar, porque somos seres sociales. El contacto está en la base de nuestra vida y formación de comunidad", ha dicho para después apostar por "incentivos de todo tipo" con el fin de que los bares o tiendas locales "puedan ser sostenibles".

Un camino complicado

A pesar de contar con el visto bueno de la mayoría del hemiciclo, el camino de esta normativa para ver la luz y que sea aplicable va a ser muy complicado. Ya a primera hora del martes los grupos parlamentarios aseguraban desconocer los pormenores del texto así como su ejecutabilidad real. Así lo afirmó en la rueda de prensa previa a la junta de portavoces -centradas en Sumar- la dirigente de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien tildó la propuesta de "peligrosa". "Es complicado, incluir como empresas de economía social a los bares abre la puerta a que cualquier empresa puede ser considerada como tal cuando no lo es. No estamos de acuerdo, no es buena y nos parece muy peligrosa", afirmó. En la votación fue consecuente con su pensamiento y el partido votó en contra.

En cuanto al resto, tanto Unidas Podemos como ERC o Más País admitieron que incluso horas antes de los comicios parlamentarios estaban estudiando el planteamiento pero no quisieron adelantar el sentido de voto. "Todavía la estamos trabajando", afirmó Íñigo Errejón. Finalmente PSOE, Unidas Podemos, Más País, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, BNG, PRC, Compromís, el propio partido que lo presenta y los dos del Grupo Mixto dieron su sí; ERC, EH Bildu, CUP y PDeCat optaron por el no; mientras las abstenciones se produjeron de la mano del PNV y de Junts per Cataluña. Pero esto no significa que estén de acuerdo con la forma, sino todo lo contrario. 

Todos los portavoces de las formaciones que han apoyado la iniciativa han dado el visto bueno al fondo de la cuestión pero han abogado por ahondar más en los aspectos técnicos de la norma ya que la economía social es parte fundamental del tejido empresarial que se rige por los principios de la democracia, la equidad y el capital humano, no tanto del económico. Por eso, los grupos han puesto el foco, entre otras cosas, en la definición teórica de lo que son núcleos de población de 200 habitantes.