Un desangelado Congreso de los Diputados ha autorizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a prorrogar hasta el 11 de abril el estado de alarma decretado con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. En una sesión plenaria que ha contado con 44 diputados presenciales y 306 votos telemáticos, se ha dado luz verde a la ampliación con el voto afirmativo de los dos partidos que conforman el Gobierno de la oposición, el PSOE y Unidas Podemos, y el respaldo del PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe. En cambio, las formaciones independentistas de ERC, JxCat, Bildu y CUP han optado por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes.

Sánchez ha solicitado a la Cámara Baja su autorización, alegando que es necesario mantener el “máximo distanciamiento social” necesario para contener la expansión del virus. También para “anteponer la protección de las personas más expuestas” y para “blindar las capacidades del sistema de salud, protegiendo al personal sanitario”.

Asimismo, ha anunciado la creación de una comisión de investigación para evaluar las repsuestas dadas e identificar los posibles errores y solventarlos de cara al futuro; al tiempo que ha comunicado que la comisión de Sanidad harás las veces de comisión de seguimiento.

La fotografía del momento ha revelado un Congreso frágilmente unido, con muchos matices, bajo el paraguas de la lucha contra el Covid-19. La oposición más progresista ha facilitado dilatar el estado de alarma alegando que no es momento de lanzar críticas estériles, pero apuntando de igual manera que hay que ser mucho más exigentes. Por su parte, las derechas se han enfrascado en la guerra del "te lo dije".

En este sentido, formaciones como Más País, ERC, BNG o Bildu han pedido al Ejecutivo profundizar en las medidas ya tomadas con, entre otras cosas, la suspensión del pago de los alquileres o un confinamiento mucho más restrictivo.

Además de la prórroga del estado de alarma, el Congreso debatía sobre cinco reales decretos, dos de ellos aprobados en Consejo de Ministros con anterioridad a la crisis del Covid-19: la derogación del despido por baja justificada y una serie de ayudas al sector agroalimentario.

El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, ha sido uno de los más crudos a la hora de dibujar el panorama que se avecina: “Tenemos que empezar a decirle a la gente que el precipicio económico al que nos enfrentamos hará que la crisis-estafa del 2008 quede en un juego de niños”. En este sentido, se ha unido a los grupos que han solicitado impulsar medidas de tinte social y económico desde ya, entre las que se encuentran una renta mínima garantizada, la suspensión de pago de las facturas de servicios básicos como luz, agua y gas, impuestos para plataformas de reparto como Glovo o prohibir los despidos por Covid-19.

Vox y PP han sido los únicos partidos que cargaron con extrema dureza y sin lanzar propuestas, golpeándose el pecho mientras alardeaban de que lo veían venir. Tanto Pablo Casado como Santiago Abasca quisieron entrar en el cuerpo a cuerpo con el presidente y cargaron contra su tardía reacción. El líder de los populares ha llegado incluso a afirmar que "estoy siendo el líder de la oposición que usted no fue", recordando la situación vivida bajo el mandato de Mariano Rajoy con el ébola.

La formación ultra ha votado afirmativamente, pero su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que cumplirán con su labor “legal y moral” de ejercer la oposición y denunciar “los goles que trata de introducirnos de tapadillo” el Gobierno “socialcomunista”.

Las medidas del Gobierno

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido los reales decretos aprobados en Consejo de Ministros los días 10, 12 y 17 de marzo en el marco del contexto excepcional en la lucha contra el Covid-19.

El RD del 10 de marzo se habilitó al Gobierno a centralizar la compra y gestión de los productos sanitarios así como otros fundamentales. El 12 de marzo el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas de carácter económico y social que Calviño ha asegurado que se impulsaron para dar prioridad a la lucha contra la epidemia mediante el refuerzo sanitario, el apoyo a las familias y a los colectivos más vulnerables, así como mantener una mínima actividad económica para tener una base “sobre la que poder construir la recuperación económica”.

El Gobierno dio luz verde a una inyección de dinero público a las comunidades autónomas del orden de 2.800 millones de euros “para que pueda destinarlos a los recursos que consideren”. Calviño ha especificado que Hacienda ya ha comenzado los pagos por razón de 1.434 millones “y el resto lo abonará el 17 de abril”.

La vicepresidenta y ministra Económica ha recordado que la moratoria de seis meses de los impuestos y las ayudas a pymes y autónomos, se ha inyectado una liquidez de 14.000 millones.

El RD del 12 de marzo otorga la prerrogativa al Gobierno para intervenir el precio de ciertos servicios y materiales, permitía a las empresas a cogerse a ERTEs y a los afectados a cobrar una contraprestación, y se prohibió a las energéticas cortar los suministros de agua, gas y electricidad a ninguna vivienda.

Todo con el objetivo de “salir de esta emergencia lo mejor y más rápidamente posible”, ha razonado Calviño.

“¿Que no haya material sanitario de quién es culpa, del ministro de Sanidad que lleva diez días como mando único o de la gestión de 20 años del PP?”

Por otro lado, mediante el RD del 17 de marzo se introdujeron medidas de apoyo a la investigación para fomentar el conocimiento sobre la enfermedad en aras de diseñar nuevos medicamentos y vacunas.

“Son medidas muy potentes que pueden complementarse” con otras iniciativas en las que ya trabaja el Gobierno, ha avanzado.

Calviño ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a la coordinación y la unidad. “Los ciudadanos están siguiendo puntualmente las recomendaciones de las autoridades y de esta manera contribuyen a superar las crisis”, ha dicho, y ha añadido que para que este esfuerzo no sea en vano “las administraciones hemos de actuar de forma coordinada, apoyándonos mutuamente”.

Rafael Simancas (PSOE), ha afeado al diputado Mario Garcés Sanagustín, del PP, que acusara al Gobierno de irresponsabilidad por permitir la manifestación del 8M. El parlamentario socialista le ha recordado que a las movilizaciones también acudieron representantes populares, que Alberto Núñez Feijóo celebró eventos multitudinarios en los días siguientes y que ese fin de semana coincidieron varios partidos de fútbol así como el cónclave de Vox, Vistalegre: “Yo no soy Capitán a posteriori”, ha espeto, al tiempo que ha pedido menos lecciones.

Asimismo, ha pedido que el gobierno de la Comunidad de Madrid, comandado por Isabel Díaz Ayuso, deje de verter “mentiras”: “¿Que no haya material sanitario de quién es culpa, del ministro de Sanidad que lleva diez días como mando único o de la gestión de 20 años del PP?”, ha preguntado Simancas.

Un Congreso a medio gas

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha abierto la sesión plenaria haciendo especial hincapié en que la crisis se superará con unidad pero matizando que “la discrepancia política” contribuye a mejorar la toma de decisiones.

En consecuencia, Batet ha explicado que la Cámara ha celebrado un pleno porque debe asumir sus "responsabilidades ordinarias inaplazables", como es la convalidación de sendos decretos leyes que iban a caducar, y también su tarea de debatir y votar la ampliación del estado de alarma.

"Como tantos españoles, lo hacemos desde el mayor respeto a las tareas propias y las de los demás. Y lo hacemos, todos, con la voluntad de contribuir a superar esta situación del mejor modo posible", ha reseñado.

Derogación del despido por baja médica

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y una de las integrantes del Gobierno que ha estado presente en el hemiciclo, ha defendido el RD que prohibe el despido por baja médica justificada y se ha referido al coronavirus para dotar de mayor corpulencia a su argumentario: “La salud es uno de nuestros bienes más preciados, pero por desgracia, hoy sabemos que el cuidado propio garantiza también la protección de los demás”.

La ministra ha defendido la derogación del despido por faltas justificadas, que ha sido aprobado, argumentando que supone también un riesgo para las empresas ya que la causa más habitual son las dolencias líricas de fácil propagación; y la coyuntura actual demuestra que el empleado debe guardar reposo “por su propia salud y para evitar la propagación” y que “el número de bajas sea mayor”.