Cristina Cifuentes estrecha la mano al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado. Foto: Ciudadanos



El primer punto del acuerdo de investidura de Ciudadanos con Cristina Cifuentes para apoyar su nombramiento como presidenta es tajante sobre las líneas rojas de la legislatura: "Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Este punto era vital para la formación naranja como mensaje de regeneración entre sus bases y votantes ya que muchos no entendieron el apoyo a una formación carcomida por las tramas Púnica y Gürtel en la Comunidad de Madrid.

Un organismo que mueve cerca de 1,4 millones anuales
El hecho de estar imputado no es sinómimo de culpabilidad, pero el texto es inequívoco y está encaminado a alejar cualquier sombra de sospecha sobre los cargos públicos de la Comunidad de Madrid al excluir a los procesados. Pues bien, la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes no es que no aparte a dirigentes de sus cargos cuando son imputados, es que no tiene inconveniente en promoverlos a responsabilidades públicas a pesar de estarlo ya. Este viernes se ha difundido con profusión que entre los nuevos integrantes del Centro de Asuntos Taurinos del Gobierno regional estará María Dolores de Cospedal y que no cobrará por ello. Pero este Centro no es algo decorativo, este año cuenta con un presupuesto de de 1,38 millones de euros (se puede consultar aquí en la página 32 de los Presupuestos de Presidencia, organismo del que depende el Centro, y donde por cierto se incluye una partida para remunerar a los altos cargos) y entre sus responsabilidades figuran entre otras la de "dirigir la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas".

¿Un pacto es un pacto?
Además de Cospedal, entre los nuevos vocales nombrados para gestionar el dinero público de los madrileños en asuntos taurinos figura el de Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde popular de Colmenar Viejo. Santamaría cuenta con dos curiosidades recientes: fue el alcalde que casó a José Ignacio Wert en una finca ilegal y está imputado por un posible delito de prevaricación urbanística. A instancias de una investigación del Fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid, el juzgado de instrucción número tres ha llamado a declarar como imputado el próximo 30 de septiembre a Santamaría junto al resto de la Junta de Gobierno municipal que le secundó en la aprobación de una licencia de obras para construir casas en contra de informes técnicos y jurídicos.

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¿Ciudadanos sabe que se están tomando este tipo de medidas en el Gobierno regional dejando en papel mojado su acuerdo de investidura? La formación naranja también ha permitido con su abstención que Santamaría siga siendo alcalde de Colmenar ya que el 24-M no obtuvo mayoría absoluta.