Uno de los pilares fundamentales de la acción política de los socialistas está dedicado a la vivienda. Un ámbito de actuación que se ha tornado como uno de los vectores donde de forma más evidente se vertebran las posiciones de los distintos grupos de la Cámara en función de su orientación ideológica.

Por un lado, está la derecha. Para ellos, la vivienda es un bien de mercado, y cualquier intento por parte del Estado de regular dicho mercado, es para ellos un estorbo, un trastorno, un perjuicio a combatir.

En este breve artículo nos dedicaremos al derecho a la propiedad privada, así como a las diferencias ideológicas con las derechas. Pues bien, para nosotros, los socialistas, la defensa a la propiedad privada está en nuestro ADN, por mucho que se esfuercen en confundir a la ciudadanía. Los socialistas defendemos la propiedad privada del artículo 33 de nuestro texto constitucional, es decir, la que alberga en su contenido esencial su función social y por tanto, es compatible con una regulación del Estado encaminada a hacerla conciliable con la igualdad y la justicia social. Sin embargo, para los partidos de la derecha, a los que se les llena la boca de constitucionalismo, no es el derecho a la propiedad privada reconocido en la Constitución el que defienden. Ellos amparan la propiedad privada del Siglo XIX. Sí, esa que no admite limitación alguna, la de los fondos buitre, la de los bancos, la de la especulación, la que se impone sobre cualquier otro derecho o regulación. Para ellos la vivienda es un bien de mercado y para nosotros un DERECHO. La política de derechas en este asunto defiende la liberalización del suelo sin ningún control, favoreciendo la especulación urbanística y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Algo que provocaron en el pasado con los gobiernos del PP, desde la ley del suelo de Aznar que originó la subida generalizada de los precios de la vivienda, hasta la venta de las viviendas sociales por Ana Botella, contentando así a los fondos de inversión especulativos y a los grupos acomodados en detrimento del conjunto del país y de las clases trabajadoras.

En consecuencia, frente a la desregulación de la oposición abandonando a las personas a su suerte, este Gobierno aboga por la necesidad de encontrar un equilibrio, que nunca es fácil, entre promover la generación privada de oferta de vivienda y la evitación de determinadas disfuncionalidades del mercado, en forma de precios abusivos o de desahucios sin alternativa habitacional, porque para los socialistas la vivienda no es un bien de mercado sino un derecho.

El Gobierno de Pedro Sánchez se centra en la consecución de una política de vivienda progresista, que ayude a que el mercado proporcione viviendas dignas y asequibles; que avance en la rehabilitación de viviendas y edificios para garantizar su sostenibilidad medioambiental y la accesibilidad; que amplíe el parque público de vivienda; que fomente el alquiler social, compatibilizando los dos derechos constitucionales de los artículos 33 y 47, y teniendo siempre como objetivo prioritario, que nadie se quede atrás en su derecho a acceder a una vivienda digna.

Eva Bravo Barco es diputada y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso